El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, reconoció que la aprobación de la Ley N.º 32181, que derogó la figura de la detención preliminar en casos de no flagrancia, fue un error del Parlamento y admitió que ningún legislador advirtió las implicancias de dicha norma durante su discusión y aprobación en el Pleno. Esta declaración surge en medio de fuertes críticas por la omisión legislativa, que afecta directamente las operaciones del sistema judicial y policial en el país.
En una entrevista con RPP, Salhuana señaló que los 130 congresistas y las 13 bancadas tienen la responsabilidad de revisar exhaustivamente los proyectos de ley antes de su aprobación, pero admitió que, en este caso, hubo una falta de atención generalizada:
“Lamentablemente, nadie se percató del tema porque lo central era proteger a la Policía Nacional”.
La ley fue promulgada por la presidenta Dina Boluarte el 11 de diciembre, entrando en vigencia al día siguiente, y suprime la posibilidad de aplicar la detención preliminar judicial en situaciones donde no exista flagrancia. Salhuana indicó que la intención inicial de la ley era fortalecer las capacidades de la Policía Nacional del Perú (PNP), pero, en el proceso, no se evaluaron adecuadamente las consecuencias jurídicas de eliminar esta herramienta procesal.
Responsabilidad compartida: un error colectivo del Congreso
Al ser cuestionado sobre cómo ninguno de los 130 legisladores identificó este error, Eduardo Salhuana explicó que el debate en el Pleno estuvo centrado en otros puntos de la propuesta legislativa y no en los efectos negativos de la derogación de la detención preliminar:
“Tengo que presumir eso, porque esto fue debatido en el Pleno. No me gustaría individualizar. Yo creo que somos 130, somos 13 bancadas y todos tenemos la obligación y la responsabilidad de revisar de manera exhaustiva en las comisiones y en el Pleno del Congreso”.
El presidente del Congreso insistió en que todos los legisladores deben asumir su cuota de responsabilidad y recordó que cada bancada cuenta con representantes en las comisiones encargadas de revisar las iniciativas antes de ser debatidas en el Pleno.
Pedido al Ejecutivo: promulgar con urgencia la corrección
En un intento por subsanar el error legislativo, Eduardo Salhuana informó que el Congreso ha aprobado y enviado al Ejecutivo un nuevo proyecto de ley (N.º 9733) que restituye la detención preliminar judicial en casos de no flagrancia. Salhuana pidió a la presidenta Dina Boluarte que le otorgue prioridad a la promulgación de esta norma para evitar mayores consecuencias en el sistema de justicia:
“(El Ejecutivo) tiene un procedimiento de 15 días, pero obviamente ante la urgencia y lo evidente del error en el que se ha incurrido, yo creo que el Ejecutivo debe promulgarlo de manera inmediata”.
El impacto de la derogación de la detención preliminar
La eliminación de la detención preliminar en casos de no flagrancia ha generado preocupación en el ámbito judicial y policial. Esta figura legal permite, bajo orden judicial, la detención de personas investigadas por delitos graves, incluso si no se encuentran en flagrante delito. La medida es fundamental para asegurar la continuidad de las investigaciones y evitar la fuga de los implicados.
Con la vigencia de la Ley N.º 32181, las autoridades pierden una herramienta clave para actuar en situaciones donde existen indicios suficientes de responsabilidad penal, pero no se puede aplicar la flagrancia. Este cambio ha dificultado las acciones de la Fiscalía y de la Policía Nacional, especialmente en casos de corrupción, crimen organizado y otros delitos complejos.
La polémica se intensificó tras el allanamiento frustrado del vocero presidencial, Freddy Hinojosa, investigado en el caso Qali Warma. A pesar de las pruebas presentadas por la Fiscalía, no se pudo ejecutar su detención preliminar debido a las restricciones establecidas por la ley recientemente promulgada.
Reacciones políticas y críticas a la falta de revisión
Las declaraciones de Eduardo Salhuana han generado un intenso debate sobre la responsabilidad legislativa y la falta de rigurosidad en el análisis de las normas aprobadas por el Congreso. Desde diversas bancadas y sectores de la sociedad civil, se ha cuestionado cómo una ley de tal relevancia pudo ser aprobada sin una revisión adecuada de sus implicaciones.
Analistas políticos y constitucionalistas coinciden en que el caso refleja un problema estructural en el Parlamento, donde la aprobación de leyes muchas veces responde a intereses inmediatos sin considerar su impacto a largo plazo en la institucionalidad del país.
El Congreso en la mira: falta de transparencia y celeridad
El error en la aprobación de la Ley N.º 32181 evidencia, una vez más, las deficiencias en el proceso legislativo. Según expertos, la falta de debate técnico y la rapidez con la que se aprueban algunas leyes generan vacíos legales que terminan afectando el funcionamiento de las instituciones. Además, la falta de transparencia en las discusiones impide que la ciudadanía pueda participar activamente en el control de las decisiones del Congreso.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ha asumido una postura de autocrítica, pero también ha enfatizado la necesidad de que el Ejecutivo actúe con prontitud para corregir el error. La promulgación de la nueva norma por parte de Dina Boluarte será clave para restablecer la confianza en el sistema judicial y garantizar la eficacia de las investigaciones penales.
Conclusión
El reconocimiento de Eduardo Salhuana sobre el error del Congreso al derogar la detención preliminar en casos de no flagrancia refleja un problema estructural en el proceso legislativo peruano. La falta de atención y rigurosidad en la aprobación de leyes ha generado consecuencias que afectan directamente el funcionamiento del sistema de justicia. La pronta promulgación del proyecto de ley N.º 9733 por parte del Ejecutivo será fundamental para subsanar el error y garantizar que las autoridades puedan continuar luchando contra la corrupción y el crimen organizado en el país.
