El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente el recurso presentado por el expresidente Pedro Castillo, quien buscaba anular su detención y obtener su libertad. Castillo, actualmente recluido en el penal de Barbadillo, se encuentra investigado por el presunto delito de rebelión tras el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
La defensa del exmandatario alegó que su detención preliminar vulneró su derecho a la libertad personal, pues esta se produjo mientras se dirigía a la embajada de México para solicitar asilo político. Sin embargo, el TC desestimó la solicitud bajo el argumento de que la medida se aplicó en el marco legal correspondiente.
Según los magistrados del Tribunal Constitucional, el inicio de la investigación preliminar y las solicitudes de detención preliminar y prisión preventiva presentadas por la Fiscalía de la Nación no constituyeron una “amenaza alguna al derecho a la libertad personal” del expresidente. En consecuencia, Castillo Terrones deberá continuar afrontando el proceso judicial en su contra desde prisión, donde se encuentra recluido desde el mismo día de su intento de disolver el Congreso.
El proceso judicial en curso
Pedro Castillo viene siendo investigado por el delito de rebelión, cuya pena podría alcanzar los 34 años de prisión, según la solicitud presentada por el Ministerio Público. En noviembre del 2023, el juez Juan Carlos Checkley ordenó el inicio del juicio oral contra el expresidente, junto con un grupo de exministros y altos mandos policiales que lo respaldaron durante su último mensaje a la Nación. Entre los acusados se encuentran Betssy Chávez, Willy Arturo Huerta, Robert Sánchez Palomino y Aníbal Torres, a quienes también se les imputa el delito de conspiración.
La decisión del TC fue tomada en sesión de Pleno Jurisdiccional, en la que participaron los magistrados Pacheco Zerga, Domínguez Haro, Morales Saravia, Monteagudo Valdez, Ochoa Cardich y Hernández Chávez. No obstante, la votación no fue unánime, ya que el magistrado Walter Gutiérrez Ticse emitió un voto singular en favor de la liberación del exjefe de Estado.
Voto singular: la posición de Walter Gutiérrez Ticse
Walter Gutiérrez Ticse, magistrado del Tribunal Constitucional, se mostró en desacuerdo con la decisión mayoritaria del Pleno. Según argumentó, Pedro Castillo debió ser liberado porque el procedimiento seguido en su contra no respetó el fuero presidencial. En palabras del magistrado, “lo que correspondía era que el exmandatario fuera trasladado al Congreso de la República a fin de que se le levantara el fuero respectivo”.
Gutiérrez Ticse añadió que el proceso judicial actual presenta irregularidades, al haberse integrado la acusación constitucional con la vacancia presidencial sin darle a Castillo la oportunidad de defenderse adecuadamente. El magistrado argumentó:
“Se ha acreditado vulneración al derecho a la libertad personal y a las prerrogativas de fuero del expresidente”.
De acuerdo con su postura, la detención de Pedro Castillo se produjo sin respetar el procedimiento legal que exige la Constitución, lo cual vulneró su derecho a la defensa y a la representación legal por un abogado de su elección.
El intento de golpe de Estado y la detención de Castillo
Cabe recordar que Pedro Castillo fue detenido el mismo 7 de diciembre del 2022, luego de anunciar en un mensaje a la Nación la disolución del Congreso y la instauración de un “gobierno de excepción”. Tras su discurso, Castillo intentó trasladarse a la embajada de México, donde tenía previsto solicitar asilo político junto a su familia. Sin embargo, su plan fracasó debido a la intervención de las fuerzas del orden y su posterior captura junto al entonces jefe del Gabinete, Aníbal Torres.
Ese mismo día, el Congreso de la República aprobó la vacancia presidencial con 101 votos a favor, en respuesta al intento de ruptura del orden constitucional. Posteriormente, Pedro Castillo fue puesto a disposición del Ministerio Público, que inició el proceso penal en su contra.
Repercusiones políticas y legales
La decisión del Tribunal Constitucional reafirma la posición de la Fiscalía y el Poder Judicial en torno a la responsabilidad penal de Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado. Sin embargo, el voto singular del magistrado Walter Gutiérrez Ticse ha generado un debate sobre la legalidad del procedimiento seguido contra el exmandatario y sus implicancias para el derecho a la defensa de las altas autoridades del país.
Por su parte, la defensa legal de Pedro Castillo ha manifestado su intención de acudir a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para cuestionar la legalidad de la detención y el proceso judicial en su contra. Mientras tanto, el exjefe de Estado deberá continuar en prisión hasta que se determine su situación legal definitiva.
Conclusión
El rechazo del recurso presentado por Pedro Castillo refuerza la continuidad del proceso penal en su contra y mantiene al expresidente en prisión preventiva. A pesar de los cuestionamientos sobre el procedimiento y el voto singular emitido en el Tribunal Constitucional, el caso avanza hacia una etapa crucial que podría definir el futuro legal y político del exmandatario.
