Sobrecostos y duplicidad de contrataciones: Escándalo en Amarilis
Un informe de la Contraloría General de la República ha sacado a la luz un hallazgo que podría convertirse en uno de los casos más graves de irregularidades en la gestión pública de Huánuco. Según el documento, durante la actualización de costos y presupuestos del expediente técnico para el “Mejoramiento del Servicio del Mercado de Abastos Paucarbamba” en Amarilis, el presupuesto inicial se incrementó de manera injustificada en S/4,008,603.06. Este aumento, lejos de obedecer a una necesidad técnica clara, fue el resultado de modificaciones irregulares y decisiones cuestionables que ahora ponen en jaque a los responsables municipales. Importante recalcar, que el actual gobernador Antonio Pulgar era alcalde de Amarilis en ese momento.
El aumento, registrado tras la aprobación del expediente técnico, fue justificado por la municipalidad como una “actualización de costos”. Sin embargo, la Contraloría determinó que no se trató de una simple actualización, sino de una modificación sustancial del proyecto. Cambios en los planos, especificaciones técnicas y memorias descriptivas alteraron la naturaleza del expediente, afectando tanto su viabilidad técnica como la transparencia del proceso. Esta situación, según el informe, vulnera el principio de legalidad en la gestión de recursos públicos y plantea serias dudas sobre la verdadera intención de las autoridades a cargo.
El impacto de este aumento va más allá de lo económico. Según el análisis de la Contraloría, estas modificaciones no solo inflaron el presupuesto, sino que también comprometieron la correcta ejecución del proyecto. Las deficiencias técnicas detectadas, sumadas a un estudio de mecánica de suelos incompleto y deficiente, hacen que el proyecto sea actualmente inejecutable en los términos planteados. Esto representa un serio retroceso para una obra que prometía ser un pilar del desarrollo económico local.
OTRAS IRREGULARIDADES
Además del aumento presupuestal, el informe destaca una serie de irregularidades secundarias que agravan la situación. Por ejemplo, se detectaron duplicidades en la contratación de servicios técnicos. Un especialista en estructuras, contratado para realizar el modelamiento estructural del mercado, solicitó la contratación adicional de una empresa para llevar a cabo la misma actividad. Ambas partes fueron pagadas por un servicio que ya estaba contemplado en el contrato inicial del especialista. Esta duplicidad costó a la municipalidad S/6,000 adicionales que podrían haberse evitado.
El especialista en estructuras, además, entregó su segundo producto con un retraso de 25 días. Según el contrato, este incumplimiento debió generar penalidades por mora equivalentes a S/1,400, pero estas no se aplicaron. En su lugar, los funcionarios aprobaron una ampliación de plazo injustificada, violando las condiciones del contrato y favoreciendo al proveedor.
El caso del estudio de mecánica de suelos también refleja una preocupante falta de control. Un especialista en geotecnia contratado para esta tarea solicitó la contratación de una empresa adicional para ejecutar parte del trabajo que estaba bajo su responsabilidad. Esta acción derivó en la duplicidad de pagos y en un costo adicional de S/10,320 para la municipalidad. Estas contrataciones irregulares no solo representan un daño económico directo, sino que también evidencian un manejo desordenado de los recursos públicos.
En conjunto, estas irregularidades han generado un perjuicio económico calculado en S/180,000. Sin embargo, el verdadero impacto podría ser mucho mayor si se consideran las consecuencias del aumento presupuestal injustificado y los costos asociados a las deficiencias del proyecto. La Contraloría advierte que las actuaciones de los funcionarios involucrados no solo transgreden normas legales y técnicas, sino que también afectan gravemente la finalidad pública de las contrataciones, poniendo en duda la gestión de las autoridades locales.
Dato:
El informe señala directamente a altos funcionarios de la Municipalidad Distrital de Amarilis como responsables de estas irregularidades. Entre los involucrados están miembros de las gerencias de Desarrollo Urbano y Rural, Administración y Finanzas, y Planeamiento y Presupuesto. La Contraloría ha recomendado acciones legales y administrativas contra los implicados, además de la recuperación de los montos pagados indebidamente. También se propone realizar una auditoría técnica independiente para determinar la viabilidad real del proyecto y corregir las deficiencias detectadas.
