La aprobación de la Ley 32181, que limita la detención preliminar solo a casos de flagrancia, ha desatado un intenso debate político y judicial en el Perú. En medio de esta controversia, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, expresó su rechazo categórico a la norma y señaló que podría favorecer a personajes como Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, quien se encuentra bajo investigación y cuyo paradero es desconocido.
Un cuestionamiento directo: ¿Quiénes se benefician?
En una entrevista con Exitosa, el congresista Burgos fue enfático al criticar la norma. “Nosotros esperamos que los jueces tengan la oportunidad de dilucidar bien y no se dejen avasallar por aparentes interpretaciones de leyes que no están en forma adecuada. No solo Nicanor Boluarte, se han beneficiado a varias personas”, expresó.
El legislador afirmó que votó en contra de la ley y pidió una reflexión al Congreso sobre las posibles consecuencias de su implementación. “Yo estoy en contra de esa ley, hemos votado en contra de ella. Esperamos que haya un mea culpa de los mismos del Congreso que apoyaron la medida”.
Acusaciones de un “gobierno de la impunidad”
En sus declaraciones, Burgos no solo criticó la Ley 32181, sino que también señaló al actual gobierno como el “gobierno de la impunidad”. Según el congresista, esta administración favorece a personas vinculadas a actos de corrupción y crimen organizado.
Entre los casos mencionados destacan el del exministro Juan Silva, investigado por corrupción y actualmente fuera del país, y Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, quien enfrenta procesos judiciales y se encuentra prófugo desde hace más de un año.
“Está el caso del señor Cerrón, el hermano de Dina Boluarte, el señor Nicanor Boluarte. Ellos no quieren someterse a la justicia peruana. Con su actitud, están enviando un mensaje a toda la juventud, sugiriendo que las autoridades pueden decidir si acatan o no las decisiones del sistema judicial”, afirmó Burgos.
El caso Mykonos: nuevas hipótesis y diligencias
En paralelo, el Ministerio Público ha retomado el caso Mykonos, que involucra directamente a la presidenta Dina Boluarte. Según se informó, este viernes 13 de diciembre se llevará a cabo una diligencia de constatación en el exclusivo condominio Mikonos, ubicado en el sur de Lima, para investigar presuntas irregularidades ocurridas en febrero pasado.
El congresista Burgos manifestó que su grupo de trabajo posee información relevante sobre este caso, aunque lamentó que el Ministerio Público no haya coordinado con su comisión. “Me gustaría que el Ministerio Público empiece a coordinar con nosotros, tenemos mucha información importante. Pese a que el pleno del Congreso no nos otorgó las facultades de comisión investigadora, hemos seguido investigando”, indicó.
Burgos reveló que su equipo ha planteado una nueva hipótesis relacionada con un posible tráfico de influencias en el condominio Mykonos, y reiteró su disposición para colaborar con las autoridades en esta investigación.
Detalles de la diligencia en Mikonos
La Fiscalía ha solicitado la participación de la presidenta Dina Boluarte y su comitiva en la diligencia programada, la cual busca esclarecer el trayecto realizado por el vehículo presidencial hacia el condominio en febrero pasado. Asimismo, se ha requerido a la junta de propietarios del condominio que proporcione información detallada sobre el personal de vigilancia y los residentes presentes ese día.
El abogado de Félix Montalvo, exchofer implicado en el caso, destacó que esta diligencia será clave para esclarecer las acusaciones y pidió a la presidenta mayor transparencia. “La única persona que puede aclarar esta situación es la presidenta”, sostuvo.
Ley 32181 y su impacto en el sistema judicial
Mientras tanto, la Ley 32181 sigue siendo objeto de controversia. Para analistas y especialistas, esta norma podría debilitar las investigaciones en casos de corrupción y crimen organizado, ya que restringe la capacidad de las autoridades para actuar en momentos críticos.
“El impacto de esta ley no se limita a Nicanor Boluarte. Estamos viendo cómo afecta las investigaciones en todo el sistema judicial. Sin la posibilidad de detenciones preliminares, las autoridades pierden herramientas clave para evitar que los sospechosos destruyan pruebas o huyan”, comentó el abogado penalista Luis Landa.
Un debate que promete continuar
El Congreso y las instituciones judiciales enfrentan ahora un dilema: mantener la norma en su estado actual, modificarla o incluso derogarla. Para Burgos y otros opositores a la ley, el costo político y social de no actuar podría ser alto, en un contexto donde la ciudadanía exige transparencia y justicia.
Con las diligencias del caso Mykonos en marcha y el creciente rechazo a la Ley 32181, los próximos días serán decisivos para definir el rumbo del sistema judicial y político peruano.
