La gestión de Dina Boluarte enfrenta un nuevo capítulo de cuestionamientos tras revelarse que el Despacho Presidencial utilizó fondos públicos para adquirir artículos de aseo personal durante su recuperación de una cirugía nasal. Paralelamente, firmas cuestionadas en documentos oficiales firmados durante este periodo han alimentado dudas sobre la transparencia y legalidad de las decisiones presidenciales.
Adquisiciones durante el postoperatorio
Un informe de Cuarto Poder detalla que, en julio de 2023, el Despacho Presidencial registró compras de productos como toallas húmedas y 15 botellas de alcohol en gel. Estas adquisiciones, que suman casi 300 soles, habrían sido realizadas para garantizar las medidas de higiene necesarias durante la recuperación de Boluarte.
El 6 de julio se adquirieron cuatro paquetes de toallas húmedas y diez paquetes de paños faciales de aloe, mientras que al día siguiente se compraron las botellas de alcohol en gel. Aunque estos productos fueron justificados como esenciales para la recuperación de la presidenta, el uso de recursos públicos para este propósito ha suscitado críticas.
Cuestionamientos sobre firmas en documentos oficiales
Durante el mismo periodo de recuperación, la presidenta firmó remotamente actas y decretos del Consejo de Ministros, incluyendo uno que declaraba en emergencia diversos distritos de Moquegua por la actividad del volcán Ubinas. Estas firmas, sin embargo, presentan diferencias notables respecto a las registradas oficialmente en Reniec.
Especialistas como Delia Muñoz, exministra de Justicia, y los abogados César Nakazaki y Lamas Puccio han señalado que solo un perito grafotécnico podría esclarecer si las firmas son auténticas o falsificadas. Según Lamas Puccio, si se comprueba que las firmas no son de la presidenta, podría configurarse un delito de falsedad agravada, con posibles implicados como autores, cómplices e instigadores.
Entre los documentos cuestionados también figura un decreto del 7 de julio que autorizó un viaje oficial del entonces ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Mathews, a Nueva Zelanda. La Fiscalía ha abierto una investigación preliminar para determinar si Boluarte incurrió en delitos de omisión de actos funcionales y abandono de cargo al no informar oficialmente sobre su estado de salud y recuperación.
El papel del cirujano Mario Cabani
Otro elemento que ha generado especulación es la relación del cirujano Mario Cabani con el gobierno. Responsable de la intervención quirúrgica de Boluarte, Cabani será citado por la Comisión de Fiscalización del Congreso para explicar las circunstancias de la cirugía.
Según se informó, Cabani visitó diversas instituciones estatales antes de la operación, lo que ha provocado interrogantes sobre su nivel de cercanía con la presidenta y su equipo. En la misma sesión congresal también estará presente Hania Pérez de Cuéllar, exministra de Vivienda, quien informará sobre la participación de Boluarte en actividades del Consejo de Ministros durante su recuperación.
Vacancia presidencial en el horizonte
La revelación de estas irregularidades ha alimentado rumores sobre una posible vacancia presidencial. Si bien Alberto Otárola, ex primer ministro, confirmó que Boluarte se sometió a una rinoplastia por problemas respiratorios, también defendió que la presidenta se mantuvo en comunicación constante con el Consejo de Ministros y firmó los documentos necesarios durante su recuperación.
Sin embargo, la falta de información oficial sobre su estado de salud y la gestión de sus funciones durante este periodo ha generado desconfianza en la ciudadanía y los actores políticos.
Opiniones legales y éticas
La polémica también ha abierto un debate sobre la ética del uso de recursos públicos para gastos personales. Si bien las compras realizadas durante la recuperación de Boluarte fueron de bajo costo, expertos consideran que la percepción pública sobre el uso de fondos estatales en este contexto puede dañar la imagen presidencial.
En términos legales, el abogado César Nakazaki advirtió que cualquier irregularidad en las firmas de documentos oficiales será determinante en la investigación de la Fiscalía. “Si las firmas son falsas, estamos hablando de delitos graves, especialmente tratándose de documentos públicos de alta relevancia”, señaló Nakazaki.
Por otro lado, Lamas Puccio destacó la importancia de determinar responsabilidades en caso de que las firmas no sean auténticas. “Además de los autores materiales, habría que identificar quiénes ordenaron o facilitaron la falsificación de estos documentos”, explicó.
La respuesta de Boluarte
En medio de las críticas, Dina Boluarte ha defendido su gestión y pedido que cesen los rumores sobre una vacancia. Sin embargo, su administración enfrenta un desafío significativo para disipar las dudas sobre la transparencia en el manejo de sus funciones y el uso de recursos públicos durante su recuperación médica.
Reflexión final
El caso resalta la necesidad de mayor claridad en la regulación sobre la comunicación de los estados de salud de los mandatarios y el uso de recursos públicos en situaciones personales. Mientras avanza la investigación, el gobierno de Dina Boluarte deberá demostrar que puede gestionar esta crisis sin comprometer su legitimidad y la confianza de los peruanos.
