Renuncia del gerente de Infraestructura revela graves deficiencias

La reciente renuncia de Daniel Malqui, quien hasta hace poco ocupó el cargo de gerente regional de Infraestructura del Gobierno Regional, pone en evidencia un problema crónico en la gestión pública: la incapacidad de traducir planes en acciones concretas. En su carta de renuncia, Malqui admitió no haber alcanzado los objetivos propuestos, no por falta de presupuesto, sino debido a problemas estructurales que persisten en la administración pública.

Según el exgerente, el principal obstáculo para la ejecución de obras fue la falta de estudios técnicos y documentos saneados, una situación que paralizó proyectos clave y afectó gravemente el gasto presupuestal. Su honestidad al reconocer estas falencias es admirable, aunque el problema trasciende su gestión y refleja un sistema lleno de deficiencias. Malqui tenía la tarea de ejecutar 475 millones de soles en proyectos de infraestructura, pero la falta de planificación y la ineficiencia administrativa dejaron muchas obras inconclusas.

Entre los proyectos afectados se encuentran centros educativos y hospitales, esenciales para el desarrollo regional. La paralización de estas obras impacta directamente en la calidad de vida de miles de ciudadanos, perpetuando un ciclo de atraso y desigualdad. Un ejemplo emblemático es el abandono del Proyecto de Tratamiento de Aguas Residuales (PETAR), que, a pesar de ser una prioridad, no logró el saneamiento necesario para su avance.

El panorama se complica aún más con la necesidad de encontrar un nuevo gerente en un momento crítico del año. Este vacío en el liderazgo podría agravar la situación, dejando a la región con menos capacidad para enfrentar los retos de infraestructura pendientes.

Si bien la renuncia de Malqui marca un gesto de transparencia poco común, también plantea una pregunta urgente: ¿cómo garantizar una gestión eficiente y sostenible en el gobierno regional? La solución no radica únicamente en cambiar funcionarios, sino en fortalecer los sistemas administrativos, exigir responsabilidad técnica y asegurar que los proyectos cuenten con los estudios necesarios desde su concepción.

La región no puede permitirse más atrasos. Es hora de que las autoridades prioricen una reforma estructural que permita transformar los recursos en desarrollo tangible. La educación, la salud y la infraestructura no deben ser víctimas de la inercia administrativa.