El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, respondió con dureza a las declaraciones del exprimer ministro Alberto Otárola, quien confirmó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que la presidenta Dina Boluarte se sometió a una intervención quirúrgica en junio del 2023. Calificando a Otárola de “desleal”, Santiváñez buscó minimizar el impacto de los comentarios sobre la mandataria y defendió su capacidad para cumplir con sus funciones, incluso durante su procedimiento médico.
“Yo jamás hablo, y mucho menos, me refiero a comentarios de una persona desleal o con manifiesta intención de afectar. Los dichos de los rivales no tienen ningún sentido”, afirmó Santiváñez durante una rueda de prensa.
Estas declaraciones surgen en un contexto de creciente escrutinio sobre las acciones de Boluarte durante el periodo en que se sometió a una operación de rinoplastia. Las afirmaciones de Otárola, consideradas inesperadas por algunos, han provocado reacciones divididas tanto en el ámbito político como en el público.
Otárola confirma la cirugía y desata polémica
El pasado 3 de diciembre, Otárola asistió a la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde declaró que Dina Boluarte fue sometida a una intervención quirúrgica, pero aseguró que la presidenta continuó trabajando de manera virtual durante el procedimiento.
“En las fechas indicadas, la señora presidenta pasó efectivamente por un procedimiento quirúrgico. No estuvo desatendiendo las labores que le competían al cargo, y me consta”, aseguró Otárola.
Sin embargo, esta declaración encendió un debate constitucional, ya que la Constitución Política del Perú establece que la jefa de Estado solo puede ejercer funciones de manera remota si se encuentra fuera del país. Ante esto, se ha cuestionado si hubo un vacío de poder durante la cirugía de Boluarte, lo que podría ser considerado como una infracción constitucional.
Congreso busca facultades para investigar a Boluarte
La confirmación de Otárola motivó al presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, a anunciar que solicitará al Pleno del Congreso facultades para investigar a la presidenta por un posible abandono del cargo. Según Burgos, este procedimiento busca esclarecer si Boluarte cumplió con sus responsabilidades constitucionales durante el periodo de su cirugía.
“La solicitud será enviada a todos los miembros de la comisión para su revisión y posterior votación en la próxima sesión plenaria”, explicó Burgos.
Aunque algunos congresistas respaldan esta medida, el pedido ha sido criticado por sectores que consideran que la operación médica no debería ser motivo de una investigación, especialmente si no hubo un perjuicio evidente para las funciones presidenciales.
Reacciones divididas en el ámbito político
Las declaraciones de Otárola no solo generaron el rechazo de Juan José Santiváñez, sino que también dividieron opiniones en el Congreso y en la opinión pública. Mientras algunos legisladores consideran que es necesario investigar si hubo un vacío de poder, otros defienden a la presidenta, argumentando que se trató de un procedimiento médico menor.
Desde Fuerza Popular, la congresista Patricia Juárez minimizó el tema y señaló que “no se puede hacer una tormenta en un vaso de agua”, argumentando que el procedimiento no incapacita necesariamente a una persona.
Por otro lado, congresistas como Susel Paredes insisten en que la operación de Boluarte podría ser interpretada como un incumplimiento de sus deberes constitucionales, especialmente si no se notificó al Congreso sobre la intervención médica.
La estrategia del gobierno para desviar la atención
En medio de la polémica, algunos analistas sugieren que el gobierno busca desviar la atención de otros temas urgentes, como las denuncias internacionales contra el Ejecutivo por violaciones de derechos humanos durante las protestas de diciembre de 2022 a abril de 2023, en las que murieron 49 personas.
El ministro Santiváñez, quien también enfrenta cuestionamientos por la eficacia del estado de emergencia extendido recientemente, ha sido señalado por su rol en la represión de manifestaciones, un tema que sigue generando rechazo popular y críticas internacionales.
¿Qué implica esta controversia para Boluarte?
El impacto de las declaraciones de Otárola sobre la cirugía de Boluarte aún está por determinarse. Sin embargo, la presidenta enfrenta una aprobación históricamente baja, con cifras de respaldo que rondan el 3% según las últimas encuestas.
Si bien las investigaciones solicitadas por la Comisión de Fiscalización podrían tardar meses en resolverse, este nuevo escándalo agrega presión a un gobierno ya debilitado por múltiples crisis.
Conclusión
La confirmación de la cirugía de Dina Boluarte ha puesto en evidencia fracturas dentro del gobierno y el Congreso, con figuras como Otárola y Santiváñez enfrentándose en un momento de tensión política. Mientras tanto, el Congreso busca determinar si hubo un vacío de poder que podría abrir la puerta a sanciones constitucionales contra la presidenta.
Con la atención pública centrada en este tema, el caso no solo refleja la fragilidad del actual gobierno, sino también las profundas divisiones políticas que dificultan la estabilidad del Perú en uno de los momentos más críticos de su historia reciente.
