La corrupción continúa siendo un cáncer que afecta profundamente al Perú, y la región Huánuco es un claro ejemplo de cómo este mal impacta negativamente la vida de los ciudadanos. Este flagelo se extiende a diversos ámbitos, especialmente en las instituciones públicas, donde las compras y contrataciones están marcadas por sobrecostos y una ejecución deficiente.
Recientemente, la Contraloría General de la República reveló irregularidades graves en la adquisición de calaminas destinadas a proyectos regionales. No solo se constató la baja calidad de los materiales, sino que además los precios pagados estaban abultados, representando beneficios ilícitos para supervisores, ingenieros residentes y comités de obras. Estas prácticas, avaladas por algunas autoridades del gobierno regional, no solo constituyen un fraude contra el Estado, sino también un castigo para la población, que ve frustradas sus expectativas de desarrollo.
Paralelamente, el sicariato y otras actividades ilegales, como la minería informal, agravan la situación en Huánuco. Las operaciones de minería ilícita han desplazado a cientos de campesinos que antes se dedicaban al cultivo de productos emblemáticos como el café y el cacao. Ahora, vastas extensiones de tierra son deforestadas para permitir la extracción de oro utilizando químicos prohibidos que contaminan severamente el río Huallaga, una de las principales fuentes de agua de la región.
La contaminación no solo es causada por la minería. Los desechos sólidos arrojados diariamente al río por localidades como Leoncio Prado y la ciudad de Huánuco han diezmado la biodiversidad acuática. Este problema afecta directamente a los agricultores que utilizan estas aguas para sus cultivos, así como a los consumidores de productos agrícolas provenientes de zonas como Tingo María.
En respuesta a esta crisis, los vecinos de la región, especialmente en Leoncio Prado, han levantado su voz en protesta, exigiendo a las autoridades medidas concretas para frenar la contaminación del río Huallaga y garantizar la preservación de los recursos naturales. Sin embargo, estas demandas chocan con la indiferencia de las instituciones y la persistencia de intereses corruptos que priorizan el beneficio propio sobre el bienestar común.
Huánuco enfrenta una encrucijada crítica: o se toman medidas contundentes contra la corrupción y las actividades ilícitas, o el deterioro de la región continuará avanzando, hipotecando el futuro de sus habitantes.
