Actividad de integración en Ñaña: ¿mejora del ambiente laboral o uso indebido de recursos?

El Congreso de la República ha programado una jornada de integración para sus trabajadores este viernes 6 de diciembre en el Club ACENESPAR Guardia Civil Ñaña, ubicado en Lurigancho-Chosica. La actividad forma parte del Plan de Bienestar Social 2024 y tiene como objetivo fomentar el trabajo en equipo y fortalecer los valores organizacionales. Sin embargo, este evento ha generado cuestionamientos sobre su presupuesto, pertinencia y la transparencia en su organización.

Un día de integración en Ñaña

El documento oficial, enviado por el Departamento de Recursos Humanos a las diferentes áreas parlamentarias, detalla que la jornada incluirá actividades recreativas y deportivas, en un espacio diseñado para promover la interacción entre los más de 3,000 trabajadores del Congreso.

Entre los atractivos del club campestre se encuentran piscinas, zonas deportivas, restaurantes y bares, además de áreas verdes destinadas a la integración laboral y el esparcimiento. El comunicado firmado por Haidy Figueroa, jefa de Recursos Humanos, resalta que la presencia de los empleados es “valiosa y necesaria” para garantizar el éxito del evento.

“El objetivo es buscar la integración laboral, clave para fomentar un ambiente saludable y armonioso. Cuando los trabajadores se sienten incluidos y valorados, se fortalece su compromiso con los objetivos organizacionales”, señala el texto.

Cuestionamientos sobre presupuesto y transparencia

Aunque actividades similares han sido organizadas en años anteriores, la financiación del evento ha generado dudas. Según César Delgado Guembes, exoficial mayor del Congreso, este tipo de iniciativas suelen ser financiadas con el presupuesto institucional o mediante fondos externos, como el apoyo de organismos internacionales.

“En ocasiones anteriores, se ha pagado a empresas especializadas para desarrollar dinámicas grupales, y se ha contado con financiamiento externo, como el de la Agencia Española de Cooperación. Sin embargo, es importante que haya claridad sobre cómo se están utilizando los fondos para este evento”, comentó Delgado a Infobae Perú.

El experto también cuestionó si la totalidad de los empleados podrá asistir, dado el elevado número de trabajadores que conforman la institución. Además, señaló que la presencia de personal de confianza, designado políticamente, podría minar el objetivo de integración.

Designaciones bajo sospecha

Uno de los puntos más críticos señalados por Delgado es la elección de altos cargos en el Congreso, que desde la gestión de Luis Galarreta (Fuerza Popular) se habría basado más en afinidades políticas que en méritos profesionales.

“Hay aproximadamente 32 puestos ocupados por personas con vínculos a los partidos políticos que conforman la Mesa Directiva, como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) o Perú Libre. Esto crea un ambiente laboral poco transparente y dificulta que actividades como esta tengan un impacto positivo real”, agregó el exfuncionario.

Perspectivas encontradas

Por un lado, el Congreso defiende la realización de este tipo de eventos como parte de un esfuerzo para mejorar la cohesión laboral y el bienestar del personal. Con más de 3,000 empleados, se argumenta que es crucial fomentar un ambiente laboral armónico.

Por otro lado, críticos cuestionan si este es el mejor uso de recursos, considerando la percepción pública del Congreso, constantemente señalado por falta de eficiencia y transparencia.

La falta de detalles sobre el costo exacto del evento, las dinámicas programadas y la participación de entidades externas ha generado suspicacias entre observadores y ciudadanos. Además, algunos trabajadores han manifestado dudas sobre la obligatoriedad de asistir, especialmente si las actividades interfieren con sus horarios regulares de trabajo.

Opinión pública y precedente político

La organización de actividades recreativas por parte de entidades públicas no es un tema nuevo en Perú, pero siempre genera debate. Por un lado, es válido reconocer la necesidad de mejorar las condiciones laborales y promover la integración entre los trabajadores. Por otro, la falta de claridad en la asignación de recursos y los cuestionamientos éticos relacionados con las designaciones políticas empañan este tipo de iniciativas.

Según Mariana Quilca Catacora, en su informe para Infobae, este tipo de eventos adquieren una connotación política en un contexto donde el Congreso enfrenta una creciente desaprobación ciudadana.

“Si bien estas actividades pueden tener un impacto positivo en el clima laboral, la percepción pública es que no responden a las necesidades más urgentes de la institución. La ciudadanía espera que el Congreso priorice su agenda legislativa y actúe con mayor transparencia en el manejo de sus recursos”, señala Quilca.

¿Qué sigue para el Congreso?

Aunque la actividad de integración en Ñaña podría tener buenas intenciones, el Congreso enfrenta el reto de demostrar que está actuando con transparencia y responsabilidad. La Mesa Directiva, así como el Departamento de Recursos Humanos, deberán responder preguntas sobre el financiamiento, los costos asociados y el impacto esperado de la jornada en el desempeño institucional.

En un contexto político marcado por la polarización y el descontento ciudadano, decisiones como esta deben ser comunicadas de manera clara y respaldadas con evidencia de su utilidad. Solo así el Congreso podrá justificar que eventos recreativos como este no son un gasto superfluo, sino una inversión en la cohesión y productividad de su personal.

Conclusión: un desafío de transparencia

El paseo de integración del Congreso pone en evidencia las tensiones entre las necesidades internas de una institución y las expectativas de la ciudadanía. Mientras que los trabajadores parlamentarios podrían beneficiarse de un evento diseñado para fortalecer lazos y mejorar el ambiente laboral, la falta de transparencia y los cuestionamientos sobre designaciones políticas amenazan con desvirtuar el propósito de la actividad.

En un país donde la confianza en las instituciones públicas es baja, el Congreso tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de demostrar que este tipo de iniciativas pueden ser un ejemplo de eficiencia, inclusión y rendición de cuentas. ¿Será capaz de lograrlo?