El expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, confirmó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que la presidenta Dina Boluarte se sometió a una cirugía nasal en junio de 2023. Según Otárola, la mandataria no dejó de cumplir con sus responsabilidades presidenciales durante el procedimiento ni en el periodo de recuperación, aunque este hecho ha despertado controversia y debate sobre posibles infracciones constitucionales.
“La presidenta pasó por un procedimiento quirúrgico, pero no descuidó sus labores. Me consta porque, siendo presidente del Consejo de Ministros, mantuvo reuniones virtuales y estuvo en contacto permanente con el gabinete. En ningún momento hubo ausencia de poder”, afirmó Otárola.
Sin embargo, parlamentarios y expertos constitucionalistas cuestionaron si es viable ejercer el máximo cargo público desde una clínica, especialmente considerando que la jefa de Estado podría haber estado bajo los efectos de anestesia y en descanso médico.
¿Quién asumió el mando?
Uno de los puntos más debatidos durante la presentación de Otárola ante la Comisión de Fiscalización fue el vacío legal que existe en casos donde el presidente no puede ejercer plenamente sus funciones, aunque sea por un breve periodo. Perú no cuenta actualmente con vicepresidentes, lo que deja al país sin una figura que pueda asumir el mando temporalmente.
“El procedimiento quirúrgico no tuvo mayores complicaciones, y entiendo que cada ministro asumió la responsabilidad de su sector en ese periodo”, señaló Otárola.
El parlamentario Carlos Zeballos, miembro de la comisión, criticó esta respuesta y calificó de preocupante la posibilidad de que se tomen decisiones de gobierno desde una clínica. “Es necesario revisar los actos jurídicos firmados durante ese tiempo. ¿Es factible gobernar mientras se está bajo cuidados médicos?”, cuestionó Zeballos.
¿Un derecho a la privacidad o una infracción constitucional?
La polémica sobre la intervención quirúrgica de Dina Boluarte no solo se centra en si dejó o no de cumplir con sus funciones, sino también en el derecho a la privacidad de los mandatarios frente a sus responsabilidades públicas.
Fredy Hinojosa, vocero presidencial, señaló en su momento que no haría declaraciones sobre “actos que formen parte de la esfera privada” de la mandataria, y defendió que la intimidad es un derecho fundamental de todos los ciudadanos, incluida la presidenta.
Sin embargo, el constitucionalista Luciano López discrepó y señaló que, de acuerdo con el artículo 114.1 de la Constitución, la mandataria tenía la obligación de informar al Congreso si su cirugía le impedía ejercer el cargo, aunque fuera temporalmente.
“El cargo presidencial es 24/7. Si la presidenta estuvo inhabilitada, aunque sea por un corto periodo de recuperación, el Parlamento debía ser informado para decidir si se suspendía temporalmente el ejercicio de la presidencia”, subrayó López en su cuenta de Twitter/X.
El rol de Alberto Otárola y su conocimiento del caso
Otárola también fue cuestionado sobre su conocimiento de los detalles de la cirugía y el médico tratante de Boluarte. Aunque aseguró que la intervención no afectó la administración pública, evitó entrar en detalles específicos sobre el procedimiento o los documentos firmados durante ese periodo.
“Que yo sepa, la presidenta no firmó ningún documento bajo los efectos de la anestesia. Lo demás es especulación”, dijo Otárola ante la Comisión de Fiscalización.
Esta declaración no logró disipar las dudas de los legisladores, quienes insistieron en la necesidad de evaluar si se vulneraron los principios de transparencia y gobernabilidad durante el tiempo en que Boluarte se sometió a la cirugía.
El debate político y los vacíos legales
El caso de Dina Boluarte ha puesto en evidencia los vacíos legales existentes en el manejo de situaciones donde un presidente se encuentra temporalmente incapacitado para ejercer sus funciones. A diferencia de otros países, Perú no cuenta con un mecanismo claro para delegar la presidencia en ausencia de vicepresidentes.
“Este caso debería servir como un punto de partida para legislar sobre cómo manejar estas situaciones en el futuro”, comentó Otárola.
El debate también ha reabierto discusiones sobre la necesidad de mayor transparencia en la vida pública de los mandatarios, especialmente en temas que podrían impactar su capacidad para gobernar.
¿Qué sigue para Dina Boluarte?
Hasta el momento, la Presidencia no ha emitido un comunicado oficial sobre las declaraciones de Alberto Otárola ni sobre las críticas de la oposición. Según el informe de Ricardo Mc Cubbin para Infobae, este episodio se suma a una serie de cuestionamientos sobre la gestión de Boluarte, quien ya enfrenta presiones políticas por otros temas de su administración.
Mientras tanto, especialistas en derecho constitucional han señalado la necesidad de investigar los actos administrativos realizados durante el periodo en cuestión. De confirmarse que la presidenta estuvo temporalmente inhabilitada, podría enfrentarse a cargos por infracción constitucional.
Este caso plantea preguntas cruciales sobre el equilibrio entre la vida personal y las responsabilidades públicas de un presidente, así como sobre la necesidad de reformas legales para garantizar la continuidad del poder en situaciones excepcionales.
Conclusión: entre la privacidad y la responsabilidad pública
La cirugía de Dina Boluarte ha puesto sobre la mesa un debate complejo: ¿hasta qué punto un presidente tiene derecho a la privacidad frente a sus responsabilidades como jefe de Estado? Aunque la mandataria no dejó de cumplir con sus funciones, según sus allegados, el hecho de no informar al Congreso sobre su procedimiento quirúrgico ha generado críticas y dudas sobre el cumplimiento de la Constitución.
Con las investigaciones en marcha y las críticas de la oposición aumentando, este caso podría tener implicancias más allá de la polémica inmediata, abriendo la puerta a una revisión integral del marco legal que regula el ejercicio del poder en Perú.
