La Comisión Agraria del Congreso aprobó el dictamen de la llamada Ley Chlimper 2.0, un paquete tributario que beneficiará principalmente a las grandes agroexportadoras con una reducción del impuesto a la renta (IR) al 15% entre 2025 y 2035. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esta norma implicará un costo fiscal de S/1.850 millones anuales, acumulando hasta S/20.000 millones en la próxima década.
CRÍTICAS A LOS BENEFICIOS EXCESIVOS
El investigador Eduardo Zegarra, de Grade, advirtió que las principales beneficiadas serán 18 grandes empresas que concentran la mitad del empleo agroexportador, un sector que incrementó sus ganancias en un 74% durante 2023. Por su parte, el exviceministro Fernando Cuadros cuestionó que estas medidas favorezcan a empresas que han disfrutado de beneficios fiscales por casi 25 años, mientras duplicaron sus utilidades.
Entre 2021 y 2023, las exoneraciones tributarias costaron al Tesoro Público cerca de S/1.200 millones, según la Sunat. Además, en enero, las agroexportadoras lograron reducir sus aportes a Essalud al 6%, lo que afectó aún más los ingresos públicos.
EL IMPACTO EN EL EMPLEO
Aunque la derogación de la anterior ley agraria en 2020 generó 42.000 empleos formales adicionales, Cuadros destacó que no hubo una crisis en el sector. Las caídas en 2023 fueron coyunturales debido al fenómeno de El Niño, ya revertidas en 2024.
De aprobarse en el pleno, esta norma podría perpetuar una desigualdad fiscal que afecta al erario público y prioriza a grandes empresas sobre la pequeña agricultura.
