Caso Nicanor Boluarte: Gobierno y PNP bajo presión por captura del prófugo de la justicia

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, aseguró que Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte y prófugo de la justicia, se encuentra en territorio nacional. En una entrevista con RPP, Zanabria subrayó que la localización del imputado ha sido posible gracias a información de fuentes humanas, aunque evitó revelar mayores detalles para no entorpecer el operativo de captura en marcha.

“Está en el Perú. No voy a revelar su ubicación porque, de hacerlo, estaríamos alertando más de lo que ya han informado todos los medios. Contamos con información de fuentes humanas que debe complementarse con tecnología. Esperamos enfocar nuestros esfuerzos en esa dirección”, afirmó Zanabria.

El hermano de la presidenta es buscado tras una orden de prisión preventiva por 36 meses debido a su presunta vinculación con la organización criminal Los Waykis en la Sombra, acusada de manipular cargos estratégicos dentro de las instituciones del Estado.

Coordinaciones internacionales y discreción en el operativo

Zanabria destacó que la captura de Nicanor Boluarte es una prioridad para la PNP. Indicó que, además de las acciones en territorio nacional, se ha emitido una alerta internacional para impedir su posible salida del país. Sin embargo, el jefe policial evitó detallar el operativo, argumentando que la exposición de la estrategia podría perjudicar su ejecución.

“Hay un plan para capturarlo. No lo voy a decir porque lo evidencian después y tenemos problemas, al igual que en el caso (de Vladimir) Cerrón. Hemos cumplido con el procedimiento y estamos esperando la disposición del Poder Judicial para actuar”, precisó.

Respecto a los plazos estimados para la detención, Zanabria fue enfático: “No puedo dar una fecha porque no tengo una bola de cristal. Podemos hacer indicadores sobre una posible captura, pero las personas no quieren ser detenidas”.

Posturas políticas frente al caso

El caso de Nicanor Boluarte ha desatado un debate político. Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, justificó la condición de prófugo de Boluarte al señalar que todo ciudadano tiene derecho a apelar medidas como la prisión preventiva. Sin embargo, recordó que, si el imputado no se entrega, la PNP tiene la responsabilidad de actuar para garantizar que se cumpla la ley.

En declaraciones del 19 de noviembre, Salhuana había adoptado una postura más severa, indicando que su bancada, Alianza para el Progreso, coincidía en que el prófugo debía ser capturado si no se presentaba voluntariamente ante las autoridades.

¿Dina Boluarte podría comunicarse con su hermano?

La controversia también ha salpicado a la presidenta Dina Boluarte. Su abogado, Juan Carlos Portugal, aclaró que una eventual comunicación entre la mandataria y su hermano no configuraría el delito de encubrimiento. “El delito de encubrimiento no alcanza a los familiares directos. Es presidenta, pero también es ciudadana, y no existe normativa que prohíba el contacto con un familiar prófugo”, sostuvo Portugal.

Sin embargo, el tema continúa generando suspicacias en la opinión pública debido a las responsabilidades inherentes al cargo de la presidenta.

Antecedentes judiciales y presión social

Nicanor Boluarte es acusado de liderar una red criminal que utilizaba su influencia para designar personas en posiciones clave dentro de la administración pública. Esta acusación, unida a la presión social, ha convertido su captura en un tema de alta sensibilidad para el Gobierno y las fuerzas del orden.

En medio de este contexto, las declaraciones de Zanabria refuerzan la estrategia de la PNP de no solo trabajar bajo estricta confidencialidad, sino también de coordinar acciones con organismos internacionales para cerrar cualquier posible vía de escape del prófugo.

Conclusión

El operativo para la captura de Nicanor Boluarte es una prueba clave para la PNP y el sistema judicial peruano, tanto en su capacidad de acción como en la percepción de transparencia frente a un caso que involucra al entorno familiar de la presidenta. La atención del país sigue puesta en los avances de la investigación, mientras surgen cuestionamientos sobre el papel que jugarán los actores políticos en la resolución de este caso.