Con 17 votos a favor, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó un dictamen que busca prohibir que personas condenadas por delitos graves, como terrorismo, tráfico ilícito de drogas (TID), traición a la patria, atentados contra la seguridad nacional y delitos contra los poderes del Estado, puedan postular a cargos de elección popular o ejercer funciones públicas.
La medida también establece que este impedimento se mantendrá durante diez años después de que los condenados, en calidad de autores, cómplices o instigadores, hayan sido declarados rehabilitados. Según informó Ricardo Enrique Patriau para La República, esta propuesta busca fortalecer el sistema democrático y protegerlo de quienes han cometido actos que atentan contra sus bases fundamentales.
Contexto y debate del dictamen
El dictamen aprobado es resultado de un extenso proceso de discusión iniciado en junio en el Pleno, donde no se llegó a un acuerdo debido a la diversidad de propuestas sobre los delitos que deberían incluirse como impedimentos. Esto llevó a un cuarto intermedio que duró hasta este mes.
Fernando Rospigliosi, congresista de Fuerza Popular y presidente de la Comisión de Constitución, destacó que el objetivo del dictamen es restringir la participación política de quienes han cometido delitos graves que afectan directamente el orden constitucional y democrático.
“Los delitos como el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas son pluri-ofensivos y socavan las bases de la democracia. Esta reforma constitucional busca proteger al sistema de personas que han demostrado ser una amenaza para el Estado de derecho”, explicó Rospigliosi.
El dictamen también ha sido relacionado con el caso de Antauro Humala, lo que llevó a que algunos lo denominen la “ley anti-Antauro”. Humala, quien fue condenado por el caso del ‘Andahuaylazo’, podría ver bloqueada su eventual postulación a las elecciones generales de 2026 si la reforma es promulgada.
¿Será retroactiva la medida?
Uno de los puntos más debatidos en torno a la propuesta es si la reforma tendría efectos retroactivos. Algunos juristas han advertido que, de aprobarse, la medida no podría aplicarse a quienes ya hayan sido sentenciados por los delitos incluidos en el dictamen, como es el caso de Antauro Humala.
Rospigliosi reconoció que la retroactividad es un tema que debe ser evaluado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una vez promulgada la reforma. “Esa ya es otra discusión”, declaró.
Próximos pasos en el Congreso
El dictamen ahora deberá pasar al Pleno del Congreso para su debate y eventual aprobación. Al tratarse de una reforma constitucional, requerirá dos votaciones calificadas, con al menos 87 votos a favor, en dos legislaturas consecutivas.
El amplio consenso logrado en la Comisión de Constitución indica que existe un acuerdo significativo entre las bancadas para avanzar con esta propuesta. Sin embargo, la aprobación final dependerá de la capacidad de los legisladores para sostener ese consenso en el Pleno.
Posición de Alejandro Muñante sobre el Tribunal Constitucional
En el mismo contexto, Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular, presentó un proyecto para ampliar de 7 a 9 el número de magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Según el legislador, la medida está justificada por la creciente carga de casos que llegan a esta instancia, lo que requiere un mayor número de magistrados para resolverlos de manera eficiente.
Aunque esta propuesta no está directamente relacionada con el dictamen aprobado, ambos temas reflejan los esfuerzos del Congreso por reformar aspectos clave del sistema jurídico y político del país.
Reacciones y análisis
La aprobación del dictamen ha generado reacciones divididas entre los diferentes sectores políticos y sociales. Mientras algunos consideran que la medida es necesaria para garantizar que personas con antecedentes graves no ocupen cargos públicos, otros advierten sobre posibles riesgos para los derechos políticos y la proporcionalidad de las sanciones.
Organizaciones de derechos humanos y juristas han señalado que la propuesta podría ser considerada discriminatoria si no se aplica de manera proporcional. Además, existe preocupación de que esta medida pueda ser utilizada de manera selectiva para excluir a ciertos candidatos con base en intereses políticos.
Por otro lado, los defensores del dictamen argumentan que proteger la democracia de quienes han cometido delitos graves es una prioridad que debe prevalecer sobre los derechos individuales de postulación.
Implicaciones para Antauro Humala y otros casos emblemáticos
El impacto de la reforma, si es aprobada, podría recaer en figuras como Antauro Humala, quien busca participar en las elecciones generales de 2026 tras cumplir su condena por el ‘Andahuaylazo’. Humala ha sido un crítico vocal del sistema político y su eventual candidatura genera controversia.
Aunque el dictamen se asocia popularmente con su caso, Rospigliosi y otros legisladores han enfatizado que la medida no está dirigida a ninguna persona en particular, sino que busca establecer un estándar general para proteger la democracia.
No obstante, los analistas señalan que el desenlace de esta reforma podría convertirse en un punto clave en el panorama político, especialmente si se interpreta como un intento de bloquear la participación de candidatos específicos.
¿Qué sigue para el sistema democrático peruano?
La propuesta de la Comisión de Constitución es una señal de los esfuerzos por establecer mayores controles en el acceso a cargos públicos. Sin embargo, su implementación efectiva dependerá de un cuidadoso equilibrio entre garantizar la integridad del sistema democrático y respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
En un contexto político marcado por la polarización y la desconfianza en las instituciones, este dictamen plantea preguntas fundamentales sobre cómo debe garantizarse la idoneidad de los postulantes a cargos públicos sin vulnerar los principios básicos de justicia y equidad.
