El caso de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, ha generado un nuevo episodio de controversia. En una reciente entrevista con RPP, el abogado de la mandataria, Juan Carlos Portugal, emitió declaraciones que han provocado polémica al sugerir que Nicanor permanezca en la clandestinidad mientras se resuelve su apelación contra los 36 meses de prisión preventiva dictados por el juez Richard Concepción Carhuancho.
“Si Nicanor me está escuchando, le recomendaría que se conserve en esa condición (clandestinidad), así como se la recomendaría a cualquier ser humano que padece el flagelo de ese juez en particular. Me debo al derecho de objeción a conciencia de no acatar decisiones injustas y arbitrarias. Esperemos el recurso de apelación”, manifestó Portugal, mostrando su rechazo a la resolución judicial que, según él, carece de sustento legal.
La acusación contra Nicanor Boluarte
Nicanor Boluarte enfrenta graves acusaciones de estar vinculado a la red criminal conocida como “Los Waykis en la Sombra”. Según la Fiscalía, esta organización habría participado en actos de corrupción y tráfico de influencias. La medida de prisión preventiva por 36 meses responde al peligro de fuga y la presunta capacidad de Nicanor para interferir en las investigaciones.
El juez Richard Concepción Carhuancho, conocido por haber dictado resoluciones emblemáticas en casos de alta corrupción, argumentó que existen elementos suficientes para sostener que Nicanor Boluarte podría obstaculizar el proceso judicial.
No obstante, Portugal calificó la medida de “desproporcionada” e “injusta”. Según el abogado, la Fiscalía no ha demostrado de manera contundente la participación de Nicanor en los actos ilícitos que se investigan. Además, señaló que la familia Boluarte está atravesando un momento crítico debido a las acusaciones y la presión mediática en torno al caso.
¿Una recomendación ética o polémica?
La declaración de Portugal sobre la permanencia de Nicanor en la clandestinidad ha sido objeto de fuertes críticas por parte de sectores políticos y jurídicos. Algunos expertos consideran que este tipo de recomendaciones va en contra del principio de respeto a las resoluciones judiciales y podría interpretarse como una incitación al desacato.
Sin embargo, el abogado defendió su postura apelando al derecho de objeción de conciencia. “Cualquier ser humano tiene el derecho de protegerse frente a decisiones arbitrarias. No se trata de desafiar la justicia, sino de garantizar que esta sea verdaderamente imparcial”, señaló.
Impacto en la presidencia de Dina Boluarte
La relación familiar entre Dina Boluarte y Nicanor ha añadido un componente político al caso. Aunque la presidenta no está directamente vinculada a las acusaciones, la situación ha generado cuestionamientos sobre su posible conocimiento o influencia en los hechos que se investigan.
Portugal descartó categóricamente que la mandataria esté involucrada en los actos ilícitos. “La Fiscalía no tiene pruebas que vinculen a la presidenta con esta organización criminal. Si ella es requerida a declarar, tiene el derecho de abstenerse debido a su vínculo familiar con uno de los investigados, lo cual es perfectamente válido”, afirmó el abogado.
Dina Boluarte, por su parte, no se ha pronunciado públicamente sobre la situación de su hermano. Sin embargo, fuentes cercanas a Palacio de Gobierno han indicado que el caso ha generado una profunda preocupación en el entorno de la presidenta.
La posición del Ministerio del Interior
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, también abordó el caso de Nicanor Boluarte durante una entrevista en el programa Punto Final. A pesar de la presión mediática, el ministro evitó calificarlo como “prófugo” y aseguró que la Policía Nacional del Perú (PNP) está cumpliendo con las investigaciones correspondientes para dar con su paradero.
“La PNP está trabajando de manera rigurosa en este caso, como lo hacemos con cualquier mandato judicial. No emitimos juicios ni calificativos. Nuestro compromiso es garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales”, afirmó Santiváñez.
El ministro fue consultado, además, sobre la situación de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, quien también se encuentra en la clandestinidad. Aunque evitó establecer paralelismos entre ambos casos, reconoció que hasta el momento la PNP no ha logrado capturar a Cerrón, quien sigue activo en redes sociales pese a su condición de prófugo.
Reacciones políticas y sociales
Las declaraciones de Juan Carlos Portugal y la situación de Nicanor Boluarte han provocado reacciones diversas en el ámbito político y social. Mientras algunos sectores critican la falta de firmeza en las acciones del gobierno frente a la justicia, otros defienden el derecho de la familia Boluarte a un juicio justo y a la presunción de inocencia.
Grupos opositores han utilizado el caso para cuestionar la credibilidad del gobierno y señalar un supuesto doble estándar en el tratamiento de casos de corrupción. Por su parte, analistas políticos destacan que este incidente podría erosionar aún más la confianza en la administración de Dina Boluarte.
La complejidad del caso ‘Los Waykis en la Sombra’
El caso de “Los Waykis en la Sombra” es uno de los más complejos que enfrenta la justicia peruana actualmente. Según las investigaciones fiscales, esta red criminal operaba a través de un entramado de contactos en instituciones públicas y privadas, utilizando su influencia para obtener beneficios económicos ilícitos.
La conexión de Nicanor Boluarte con esta organización ha sido señalada por diversos testigos, aunque la defensa sostiene que no existen pruebas concluyentes que lo impliquen directamente.
¿Qué sigue?
La apelación presentada por la defensa de Nicanor Boluarte será clave para determinar su futuro judicial. Mientras tanto, su condición de clandestinidad añade una capa de incertidumbre al caso.
En paralelo, el gobierno de Dina Boluarte deberá manejar cuidadosamente el impacto político de este caso, que podría convertirse en un factor desestabilizador si no se gestiona con transparencia y firmeza.
