El coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP) Harvey Colchado, conocido por liderar investigaciones sensibles contra la corrupción y el crimen organizado, fue víctima de un acto de intimidación en su vivienda en el distrito de Los Olivos, Lima. Según reportó Ricardo Daniel Muñoz para Infobae, el pasado 17 de octubre, un sujeto encapuchado dejó un sobre manila que contenía tres cartuchos de bala y una nota amenazante.
El mensaje, escrito con letras rojas en una hoja de papel bond, advertía: “Maldito hijo e p* vas a ver sangre de tus seres más queridos. Se tarda, pero no se olvida”**, según consta en el acta policial. Este hecho, registrado por cámaras de seguridad, refuerza las denuncias previas sobre los riesgos que enfrenta Colchado en el cumplimiento de su labor.
Detalles del incidente
Las imágenes captadas por las cámaras muestran a un hombre encapuchado aproximándose con calma a la cochera del domicilio del coronel alrededor de las 20:00 horas. Vestía una polera azul, pantalón negro y zapatillas negras. Dejó el sobre en la puerta y luego se retiró con la misma tranquilidad, lo que sugiere un acto premeditado.
Harvey Colchado, exjefe de la División de Alta Complejidad (Diviac), presentó la denuncia ante la Dirección de Investigación Criminal (Depincri) de Los Olivos. Según fuentes policiales, este tipo de intimidaciones no son nuevas para Colchado, quien ya ha recibido amenazas de muerte en reiteradas ocasiones debido a su trabajo.
Reacción de su abogado
Miguel Pérez Arroyo, abogado del coronel, confirmó los detalles del incidente a La República. Además, recordó que estas amenazas no solo afectan a su defendido, sino también a su entorno familiar. Desde hace meses, Colchado tomó la decisión de alejarse de su familia para protegerla.
“Desde hace meses, por motivos de seguridad, vive en un domicilio separado de su familia. Las amenazas de muerte han sido constantes, pero el coronel está preparado para enfrentar esta situación”, afirmó Pérez Arroyo.
El abogado destacó que estas intimidaciones son el resultado de las investigaciones llevadas a cabo por la Diviac, una unidad policial encargada de casos de alta complejidad, incluidas operaciones contra partidos políticos y organizaciones delictivas. Según Pérez Arroyo, “toda la clase política se ha visto afectada por el trabajo de la Diviac”.
¿Quién es Harvey Colchado y por qué es blanco de amenazas?
Harvey Colchado ha ganado notoriedad por su papel al frente de la Diviac, una unidad especializada que ha participado en operativos de alto impacto, incluyendo investigaciones relacionadas con corrupción y crimen organizado. Entre sus intervenciones más destacadas están las operaciones contra líderes políticos y figuras influyentes vinculadas a delitos graves.
Su trabajo ha generado incomodidad en ciertos sectores, tanto políticos como criminales, que ven en él una amenaza a sus intereses. Estas amenazas son percibidas como un intento de amedrentarlo y deslegitimar su labor.
En junio de este año, Pérez Arroyo ya había denunciado que su cliente era objeto de persecución política. “Los ataques son más desagradables cuando se realizan en cumplimiento de su deber, pero el coronel está preparado para soportar esto y más”, señaló en su momento.
Contexto de las amenazas y posibles implicancias
El trabajo de la Diviac, bajo el liderazgo de Colchado, ha estado en el ojo del huracán por su enfoque en casos sensibles. Según su abogado, las amenazas no solo provienen de sectores criminales, sino también de figuras políticas que buscan frenar el avance de investigaciones.
“Hay una preocupación legítima de que el Estado pueda desarticular la Diviac debido a la presión política”, afirmó Pérez Arroyo, advirtiendo que la desaparición de esta unidad sería celebrada por aquellos sectores que buscan evitar la rendición de cuentas.
Además, este acto de amedrentamiento plantea preguntas sobre la capacidad del Estado para proteger a sus funcionarios encargados de combatir el crimen y la corrupción. A pesar de su preparación, el riesgo constante al que está expuesto Colchado podría desincentivar a otros oficiales a asumir roles de alto perfil.
Reacciones frente al incidente
Diversas figuras públicas y organizaciones han expresado su preocupación por el caso de Colchado, destacando la necesidad de garantizar la seguridad de quienes luchan contra la corrupción. Además, este hecho pone nuevamente en discusión el apoyo que reciben las fuerzas del orden para realizar su trabajo en un entorno de creciente inseguridad y presión política.
Hasta el momento, el Ministerio del Interior no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las amenazas contra el coronel, lo que ha generado críticas en sectores que exigen una respuesta contundente frente a este tipo de intimidaciones.
La importancia de proteger a los agentes del Estado
El caso de Harvey Colchado no es un hecho aislado. En los últimos años, varios oficiales de la PNP y fiscales que trabajan en investigaciones de alto perfil han sido objeto de amenazas y atentados contra su seguridad. Estos actos buscan generar un clima de miedo que debilite la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.
La falta de garantías para la seguridad de estos funcionarios también revela una debilidad estructural en el sistema de justicia del país, que necesita fortalecer los mecanismos de protección para quienes trabajan en casos sensibles.
¿Qué sigue para el coronel Colchado?
A pesar de las amenazas, Harvey Colchado ha manifestado su compromiso con su labor. Sin embargo, este incidente pone en evidencia la necesidad de un enfoque integral por parte del Estado para proteger a los agentes que enfrentan riesgos en el cumplimiento de su deber.
La denuncia presentada ante la Depincri de Los Olivos es un primer paso para investigar el origen de esta amenaza. Sin embargo, es crucial que las autoridades tomen medidas adicionales para garantizar la seguridad de Colchado y su familia.
Conclusión
El amedrentamiento al coronel Harvey Colchado pone en evidencia los riesgos que enfrentan quienes lideran la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en el Perú. Más allá de este caso puntual, el Estado debe reforzar su compromiso con la protección de los funcionarios encargados de defender la legalidad y garantizar la justicia, enviando un mensaje claro de que no se tolerará ningún intento de intimidación.
