En medio de una creciente controversia sobre el caso de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, defendió el derecho de este ciudadano a permanecer prófugo mientras se resuelve su apelación a una orden de prisión preventiva de 36 meses. Según un informe de Eva Palomino para La República, Nicanor Boluarte es acusado de liderar la presunta organización criminal ‘Los Waykis en la Sombra’, dedicada a colocar personas en puestos clave en la administración pública.
Salhuana, en declaraciones públicas, señaló que “cada ciudadano tiene derecho a utilizar los mecanismos de defensa que corresponde”. Explicó que, mientras un juez de primera instancia dictamine una prisión preventiva, el acusado puede recurrir a la apelación, y mientras esta no sea resuelta, “tiene derecho a preservar su libertad”. Estas afirmaciones generaron críticas y reacciones en diversos sectores políticos y sociales, que ven en la postura de Salhuana un intento de justificar la evasión de la justicia.
Cambio de discurso: una posición contradictoria
La postura actual de Salhuana contrasta con declaraciones previas realizadas el 19 de noviembre, cuando afirmó que la Policía Nacional del Perú debía capturar a Nicanor Boluarte si no se entregaba voluntariamente. En ese momento, destacó que “cualquier ciudadano que cometa un delito tiene que ser sometido a las investigaciones del Ministerio Público y el Poder Judicial”.
Este cambio de discurso ha generado suspicacias entre los analistas, quienes consideran que refleja una estrategia política para proteger a la presidenta Dina Boluarte en medio de una coyuntura complicada para su gobierno. Sin embargo, también pone en evidencia la fragilidad institucional y la percepción de que ciertos sectores de poder pueden estar exentos de cumplir con la justicia.
El caso ‘Los Waykis en la Sombra’: un escándalo de corrupción estructural
El caso que involucra a Nicanor Boluarte no es un incidente aislado, sino parte de una serie de investigaciones sobre redes de corrupción que operan en el país. Según el informe de La República, esta organización criminal se dedicaba a ubicar personas en posiciones estratégicas dentro de las entidades públicas, lo que le otorgaba poder y capacidad de influir en decisiones clave para beneficiar intereses particulares.
Para el Ministerio Público, la gravedad de las acusaciones justificó la solicitud de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte. Sin embargo, su fuga ha puesto en tela de juicio la efectividad de las instituciones encargadas de garantizar la justicia y ha abierto un debate sobre la influencia política en el desarrollo de estos casos.
Una vacancia presidencial que divide al Congreso
En paralelo al caso de Nicanor Boluarte, Eduardo Salhuana también se pronunció sobre la iniciativa de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, impulsada por la congresista Susel Paredes. Salhuana rechazó respaldar esta propuesta, argumentando que el país necesita estabilidad política y no repetir ciclos de crisis institucional.
“Los parlamentarios están en su derecho. Sin embargo, considero que debemos ofrecer estabilidad al país. No podemos perpetuar esta práctica negativa de cambiar de presidente cada doce meses o de Congreso cada dos años y medio”, declaró Salhuana a Epicentro.
Además, destacó la importancia de garantizar la continuidad del gobierno para aprovechar oportunidades como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que podría traer beneficios económicos significativos para el Perú.
Críticas y desafíos a la gobernabilidad
Las declaraciones de Salhuana, tanto sobre el caso de Nicanor Boluarte como sobre la vacancia presidencial, han generado cuestionamientos sobre la imparcialidad y la coherencia en el ejercicio del poder. Para algunos críticos, su postura podría interpretarse como un intento de blindar a la presidenta y a su entorno cercano, lo que socavaría la confianza pública en las instituciones democráticas.
Por otro lado, las tensiones en el Congreso evidencian la fragmentación política del país. Si bien Salhuana busca proyectar una imagen de estabilidad, las acciones y discursos contradictorios dentro del Legislativo complican aún más la gobernabilidad y dificultan la implementación de políticas que atiendan las necesidades de la población.
¿Hacia dónde va la justicia en el Perú?
El caso de Nicanor Boluarte y la postura del presidente del Congreso plantean preguntas importantes sobre el estado de derecho en el Perú. Si bien es cierto que todo ciudadano tiene derecho a defenderse dentro del marco legal, la percepción de impunidad y la falta de transparencia en los procesos judiciales generan desconfianza en la ciudadanía.
Para que el sistema de justicia recupere su credibilidad, es fundamental que las investigaciones se lleven a cabo con independencia y que las decisiones judiciales se ejecuten sin interferencias políticas. Como menciona el informe de Eva Palomino para La República, este caso no solo pone a prueba a las instituciones peruanas, sino que también marca un precedente para futuros procesos de alto perfil.
En un país donde la corrupción ha sido un problema persistente, es crucial que se refuercen los mecanismos de control y se sancione con firmeza a quienes intenten evadir la justicia, independientemente de su posición o influencia. Solo así se podrá construir un sistema más equitativo y fortalecer la democracia en el Perú.
