Fredy Hinojosa, vocero de la presidenta Dina Boluarte, enfrenta nuevamente cuestionamientos. Según un informe de Punto Final respaldado por Camila Calderón para Infobae, Hinojosa habría utilizado de forma irregular uno de los vehículos oficiales asignados al Despacho Presidencial. La unidad, conocida como “el cofre”, fue captada en reiteradas ocasiones trasladando al portavoz desde su domicilio en Pueblo Libre hasta la sede del Poder Ejecutivo en el Centro de Lima. Este uso frecuente del automóvil presidencial ha generado críticas, dado que la normativa vigente limita el uso de vehículos oficiales a actividades estrictamente institucionales.
Un patrón cuestionado
Las imágenes difundidas por Punto Final muestran que el vehículo de placa EGU897 realizó la misma ruta al menos cuatro veces entre octubre y noviembre de este año. El hecho de que el auto oficial recoja a Hinojosa en su domicilio y lo traslade al Palacio de Gobierno ha sido interpretado por expertos como un uso inadecuado de los recursos del Estado.
Víctor Andrés García Belaunde, exsecretario de Palacio de Gobierno, calificó estas acciones como una muestra de despilfarro e irresponsabilidad. “No es solo que no le corresponde este beneficio, sino que proyecta una imagen de abuso en el uso de recursos públicos”, expresó en declaraciones que refuerzan la percepción de un manejo laxo de los bienes estatales.
Normativa versus práctica
El Despacho Presidencial justificó el uso del vehículo, argumentando que la asignación de movilidad oficial para el vocero de la presidencia se ha aplicado desde hace años. Según un comunicado, esta práctica está amparada en el artículo 10.5 del capítulo I de la Ley 31953, la cual regula el presupuesto del sector público. Sin embargo, especialistas en Derecho Administrativo, como Cecilia Ruiz, han señalado que tanto la ley de presupuesto como las directivas internas establecen que los vehículos oficiales deben usarse únicamente para fines institucionales.
“En ninguna parte de la normativa se menciona que estos vehículos puedan ser usados para fines personales, como recoger a un funcionario en su domicilio”, explicó Ruiz. Añadió que estas acciones podrían constituir una infracción a los principios de eficiencia y austeridad, fundamentales en el manejo de los recursos estatales.
El peso de la opinión pública
El uso indebido de vehículos oficiales no solo pone en evidencia posibles irregularidades, sino que afecta la imagen del gobierno en un momento de creciente desconfianza hacia las instituciones. José Elice, también exsecretario de Palacio de Gobierno, reconoció que en ocasiones estos vehículos han sido utilizados para emergencias o actividades excepcionales, pero aclaró que “no es una práctica usual ni debe normalizarse”.
La repetición del uso personal del “cofre” ha generado un debate sobre la transparencia y el compromiso del gobierno con la austeridad. Este hecho se suma a otros cuestionamientos hacia la gestión de Fredy Hinojosa, cuya labor como vocero ha sido criticada por considerarse redundante frente al rol del primer ministro.
¿Un problema de fondo?
La abogada Cecilia Ruiz enfatizó que el uso de recursos públicos está regulado bajo criterios estrictos, los cuales priorizan el ahorro y la eficiencia. “Es claro que estos vehículos deben destinarse exclusivamente a actividades oficiales. La ley establece que cualquier desviación de este uso representa una infracción administrativa”, indicó.
Por su parte, la presidenta Dina Boluarte intentó disipar las críticas asegurando que es “la única persona que utiliza el cofre”. En recientes declaraciones, negó que este vehículo haya sido usado para fines no oficiales, incluyendo rumores sobre su presunto uso por parte de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y prófugo de la justicia.
Implicancias políticas y repercusión social
La polémica en torno al uso del “cofre” evidencia un problema más amplio en la gestión de los recursos públicos en Perú. Si bien el Despacho Presidencial ha defendido la asignación vehicular al vocero, los expertos coinciden en que estas acciones contradicen los principios de austeridad promovidos por el propio gobierno.
El informe de Camila Calderón para Infobae también resalta cómo estos casos erosionan la confianza ciudadana. En un país donde los escándalos de corrupción y mal manejo de bienes públicos son frecuentes, cada incidente refuerza la percepción de un Estado incapaz de garantizar el correcto uso de sus recursos.
Conclusión: un llamado a la transparencia
El caso del “cofre” asignado a Fredy Hinojosa no solo plantea preguntas sobre la legalidad de su uso, sino también sobre los valores que debería representar el gobierno en momentos de crisis económica y social. Más allá de justificar acciones basándose en precedentes, las autoridades deben tomar medidas claras para garantizar que el uso de los recursos públicos sea eficiente, transparente y acorde a las necesidades del país.
La ciudadanía espera una respuesta contundente que no solo resuelva este caso, sino que también refuerce los mecanismos de control para prevenir situaciones similares en el futuro. En un contexto donde la confianza en las instituciones es frágil, acciones concretas son esenciales para restaurar la credibilidad del gobierno y su compromiso con la austeridad.
