Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, se encuentra prófugo tras dictarse 36 meses de prisión preventiva en su contra, acusado de liderar una red criminal vinculada a designaciones irregulares en el aparato estatal. Miembros del Ejecutivo han cuestionado la decisión del Poder Judicial, señalando una posible politización del caso.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, aseguró que la medida busca desacreditar a la mandataria y facilitar su vacancia. “Detrás de esto hay una campaña de organizaciones vinculadas a la minería ilegal y sectores opositores al gobierno”, afirmó. Adrianzén también denunció una “judicialización de la política” en el país.
Durich Whittembury, ministro de Vivienda, insinuó que la sentencia podría haber sido usada para opacar los logros de la reciente cumbre APEC. Mientras tanto, Julio Demartini, titular de Desarrollo e Inclusión Social, calificó la medida como carente de argumentos técnicos y orientada a dañar la imagen presidencial.
Dina Boluarte, por su parte, afirmó desconocer el paradero de su hermano, quien lleva varios días en la clandestinidad. Este caso ha intensificado las tensiones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, evidenciando un escenario político altamente polarizado.
