Un informe periodístico realizado por ATV, analizado en el informe de José Sáenz para La República, expone una alarmante práctica en varias comisarías de Lima. Según el reportaje, efectivos policiales no solo brindaron información errónea a las víctimas de violencia de género, sino que incluso ofrecieron recomendaciones a supuestos agresores para evitar sanciones.
Una investigación encubierta revela fallas graves
El equipo de ATV, encabezado por un periodista que asumió el papel de un supuesto agresor de mujeres, recorrió diversas comisarías de la capital, incluyendo Surco, José Carlos Mariátegui (Villa María del Triunfo) y San Genaro (Chorrillos). En lugar de recibir respuestas firmes que reflejen la aplicación de la ley, encontró respuestas que minimizan la gravedad de las denuncias.
En la Comisaría de Surco, un policía, tras escuchar que el supuesto agresor había golpeado a su pareja pero sin dejar marcas visibles, respondió: “Entonces no hay de qué preocuparse”. Más alarmante aún, otro efectivo le explicó cómo evitar una detención: “Trata de no tocar a tu mujer. Si ya la tocas, nosotros tenemos 24 horas para detenerte, y sí o sí te vas a quedar 48 horas en el calabozo”.
Negligencia y desinformación en otras comisarías
En la Comisaría José Carlos Mariátegui, un agente afirmó que las denuncias solo proceden si las agresiones dejan “moretones visibles” y son recientes, una afirmación completamente falsa. Por su parte, en la Comisaría de San Genaro en Chorrillos, otro efectivo aseguró que las denuncias solo podían realizarse en la jurisdicción donde ocurrió el hecho, una información que contradice los protocolos establecidos por el sistema judicial.
El impacto del caso Sheyla Cóndor
Este reportaje fue motivado por las declaraciones de la madre de Sheyla Cóndor, víctima de feminicidio, quien denunció que algunos policías le negaron ayuda para reportar la desaparición de su hija. Su caso subraya el impacto devastador que la negligencia policial puede tener en la vida de las mujeres y sus familias, destacando la urgente necesidad de reformar el sistema de atención a las víctimas.
Reacciones del Ministerio del Interior
Tras la difusión del reportaje, el Ministerio del Interior reaccionó ordenando la remoción inmediata de los comisarios responsables y la intervención de la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú (PNP). En un comunicado oficial, también anunciaron el inicio de investigaciones al personal policial involucrado en los hechos denunciados, calificando su conducta como negligente y contraria a los principios del deber policial.
“Estas conductas no reflejan el compromiso institucional de la PNP con la protección de los derechos de las mujeres. Garantizamos sanciones ejemplares para los responsables”, se señaló en el comunicado.
Una problemática estructural
El caso expone un problema más profundo en la estructura policial y judicial peruana, donde la falta de capacitación y sensibilidad frente a los casos de violencia de género dificulta que las víctimas encuentren justicia. Según especialistas, las respuestas desinformadas y la actitud negligente perpetúan un sistema que revictimiza a quienes buscan ayuda.
Para Carolina Villanueva, abogada especializada en derechos humanos, “estas actitudes reflejan una cultura de machismo institucional que normaliza la violencia contra las mujeres y disuade a las víctimas de denunciar. Sin cambios estructurales, los casos de feminicidio seguirán en aumento”.
El papel de la capacitación y la sensibilización
Expertos coinciden en que se necesita un cambio urgente en la formación del personal policial, incluyendo cursos obligatorios sobre género, derechos humanos y atención a víctimas. También se ha propuesto la creación de unidades especializadas en cada comisaría para garantizar una respuesta adecuada y profesional ante casos de violencia.
Además, organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos han exigido al gobierno la implementación de medidas de supervisión más estrictas para asegurar el cumplimiento de los protocolos establecidos.
Conclusión: un llamado a la acción
El informe de ATV y las denuncias recogidas por La República ponen en evidencia una crisis en la atención policial a los casos de violencia de género en el Perú. Mientras las autoridades anuncian medidas correctivas, la ciudadanía exige acciones concretas que garanticen justicia para las víctimas y prevención efectiva para evitar nuevos casos de violencia.
Este caso no solo cuestiona la efectividad de las instituciones, sino también la voluntad política para transformar un sistema que ha fallado sistemáticamente a las mujeres peruanas.
