Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, se encuentra prófugo luego de que el juez Richard Concepción Carhuancho ordenara su captura y dictara 36 meses de prisión preventiva. Según el informe de Eva Palomino para La República, la Policía Nacional del Perú (PNP) no realizó el seguimiento adecuado a Boluarte Zegarra, lo que ha generado críticas sobre el manejo del caso y la posible negligencia en su vigilancia.
El caso ‘Los Waykis en la Sombra’: delitos y decisión judicial
Nicanor Boluarte es investigado por el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop) por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Estas acusaciones se enmarcan en el caso ‘Los Waykis en la Sombra’, que involucra a seis personas en una red criminal.
El 17 de noviembre, durante una audiencia virtual, Boluarte confirmó su asistencia desde el interior de un auto. Su ubicación en movimiento generó suspicacias, ya que la sesión definiría si se dictaría prisión preventiva en su contra. La audiencia, que se extendió por más de siete horas, fue interrumpida y reanudada al día siguiente. Sin embargo, Nicanor Boluarte no se presentó.
El lunes 18 de noviembre, cuando se retomó la audiencia, su abogado Luis Vivanco informó que no había logrado comunicarse con él. La ausencia del investigado marcó el inicio de su condición como prófugo de la justicia.
PNP bajo la lupa: fallas en la vigilancia
De acuerdo con la información obtenida por La República, la Fiscalía había solicitado a la División de Operaciones de la Digemin de la PNP que realizara labores de observación, vigilancia y seguimiento (OVISE) sobre Nicanor Boluarte. Estas acciones buscaban monitorear sus movimientos desde su vivienda en San Borja y prevenir su fuga.
Sin embargo, estas tareas no se llevaron a cabo de manera efectiva. Desde su última aparición en la audiencia virtual, no se tiene conocimiento de su paradero. Incluso el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, admitió desconocer su ubicación, lo que ha generado serias críticas hacia la PNP por la falta de control en un caso de alta relevancia política.
Reacciones ante la fuga
La fuga de Nicanor Boluarte ha suscitado una ola de cuestionamientos hacia las instituciones responsables de su vigilancia. Organizaciones civiles y analistas políticos han señalado que este hecho debilita la credibilidad del sistema judicial y del gobierno de Dina Boluarte.
El abogado penalista Carlos Caro comentó que “la inacción o posible negligencia de la PNP en este caso no solo pone en entredicho el sistema de justicia, sino que también genera dudas sobre la imparcialidad y eficacia en los casos que involucran a personas cercanas al poder”.
Por su parte, representantes de la oposición en el Congreso han pedido explicaciones al Ministerio del Interior y exigen la inmediata localización de Boluarte Zegarra.
Implicancias políticas para Dina Boluarte
Aunque el caso involucra directamente a su hermano, la presidenta Dina Boluarte no ha emitido un pronunciamiento público al respecto. Esta situación podría convertirse en un punto crítico para su gestión, ya que se suma a las tensiones políticas y sociales que enfrenta su gobierno.
Analistas consideran que la falta de acción contundente para esclarecer el paradero de su hermano podría interpretarse como una falta de voluntad para combatir la corrupción en su entorno más cercano.
Los cargos contra Boluarte y los próximos pasos judiciales
La decisión del juez Concepción Carhuancho se basó en cinco hechos clave investigados por la Fiscalía, que vinculan a Nicanor Boluarte con actividades ilícitas en la modalidad de tráfico de influencias y cohecho. Estos hechos incluyen presuntas negociaciones irregulares para favorecer a empresas y personas relacionadas con el caso ‘Los Waykis en la Sombra’.
Ahora, con Boluarte en calidad de prófugo, la Fiscalía ha intensificado las acciones para su captura. Sin embargo, la falta de resultados inmediatos podría convertirse en un obstáculo significativo para el caso.
Conclusión: un caso emblemático en la lucha contra la corrupción
La fuga de Nicanor Boluarte no solo representa un desafío para el sistema de justicia, sino que también tiene profundas implicancias políticas y sociales. La falta de seguimiento efectivo por parte de la PNP y el silencio de la presidenta Dina Boluarte han generado desconfianza en la población, que exige respuestas claras y acciones contundentes.
Mientras tanto, el caso ‘Los Waykis en la Sombra’ continúa siendo un símbolo de los retos en la lucha contra la corrupción en el Perú, donde las relaciones familiares y el poder político siguen siendo un punto de tensión crítica.
