En el marco de las investigaciones del caso Los Waykis en la Sombra, el juez Richard Concepción Carhuancho reveló que la desactivación del equipo especial de la Policía Nacional del Perú (PNP), conformado por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), coincidió con el seguimiento a uno de los principales implicados en la presunta organización criminal. Según la Fiscalía, esta acción estaría vinculada a la intervención de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte.
El contexto de la desactivación: Un momento clave en las investigaciones
El 9 de mayo, un día antes de la detención de Nicanor Boluarte, el Ministerio del Interior publicó un decreto supremo que ordenaba la desactivación del equipo especial de la PNP que colaboraba con el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop). Esta decisión fue justificada oficialmente por una presunta duplicidad de funciones, pero la coincidencia temporal con las investigaciones ha generado sospechas.
El juez Concepción Carhuancho presentó elementos probatorios que señalan que Jorge Chingay Salazar, implicado en el caso, habría recibido información privilegiada sobre un posible allanamiento, la cual transmitió a Víctor Torres Merino, amigo cercano de los Boluarte Zegarra. Según la Fiscalía, Nicanor Boluarte le habría pedido a Torres que comunicara este dato a Sergio Leo, adjunto en Palacio de Gobierno.
El rol de Sergio Leo y las conexiones con Palacio
Sergio Denilson Leo Torres es descrito por la Fiscalía como un amigo cercano de Nicanor Boluarte, con vínculos en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Despacho Presidencial. Según el juez, Leo actuaba como intermediario en las comunicaciones de Boluarte, lo que facilitó la transmisión de información confidencial que pudo interferir en las diligencias del caso.
El magistrado destacó que Sergio Leo fue convocado varias veces a reuniones en San Borja por Nicanor Boluarte, quien le encargaba tareas específicas. Aunque Presidencia asegura que Leo no tiene vínculo laboral con la institución desde noviembre de 2023, los cuestionamientos sobre su rol persisten debido a su proximidad con los Boluarte Zegarra.
El impacto de la desactivación del equipo especial de la PNP
El equipo especial de la PNP había sido creado para colaborar con el Eficcop en la lucha contra la corrupción de alto nivel. Su desactivación afectó directamente las investigaciones en curso, incluidas aquellas relacionadas con Los Waykis en la Sombra.
El juez Concepción Carhuancho enfatizó que la desactivación no fue un acto neutral, ya que, según la tesis fiscal, permitió que los implicados contaran con una ventaja estratégica para evadir la justicia. En particular, señaló que esta decisión habría dificultado las acciones de seguimiento y recolección de pruebas contra los presuntos miembros de la organización criminal.
Los vínculos con el caso ‘Los Waykis en la Sombra’
El caso Los Waykis en la Sombra involucra una red de corrupción presuntamente encabezada por Nicanor Boluarte, quien enfrenta cargos por organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Según las investigaciones, la red habría operado utilizando contactos dentro de instituciones clave, como el Midis y el Despacho Presidencial, para beneficiar a sus integrantes.
Víctor Torres Merino, quien aspira a colaborar eficazmente con la justicia, sería un eslabón crucial en esta red. Según la Fiscalía, Torres comunicó información confidencial a otros implicados, lo que podría haber influido en decisiones como la desactivación del equipo especial de la PNP.
Pronunciamiento de Presidencia ante los cuestionamientos
Ante las acusaciones, Presidencia emitió un comunicado defendiendo la contratación de personas vinculadas al caso. Sobre Enrique Vílchez Vílchez, secretario general del despacho presidencial, destacaron su trayectoria como abogado especializado en gestión pública y contratación estatal. En el caso de Sergio Leo, señalaron que su contratación cumplió con los requisitos legales y que no mantiene ningún vínculo laboral con la institución desde 2024.
Consecuencias políticas y judiciales
La revelación de que la desactivación del equipo especial de la PNP coincidió con las acciones de Los Waykis en la Sombra ha generado un fuerte impacto político. La oposición ha cuestionado la imparcialidad del Gobierno y ha exigido explicaciones sobre el papel de Nicanor Boluarte y sus allegados en las decisiones del Ministerio del Interior.
Asimismo, las investigaciones sobre este caso podrían abrir nuevas líneas de indagación sobre el uso indebido de recursos estatales y la posible interferencia en procesos judiciales de alto perfil.
Conclusión: Una red de complicidades bajo escrutinio
El caso Los Waykis en la Sombra pone en evidencia los desafíos que enfrenta el sistema de justicia peruano para combatir la corrupción en las más altas esferas del poder. La desactivación del equipo especial de la PNP no solo ha complicado las investigaciones, sino que también ha sembrado dudas sobre la transparencia y la independencia de las instituciones gubernamentales.
El desenlace de este proceso será crucial para determinar si las autoridades judiciales pueden garantizar una rendición de cuentas efectiva, incluso cuando los implicados tienen vínculos cercanos con el poder político.
