El reciente ascenso de Carlos Céspedes Muñoz al puesto de Teniente General de Armas de la Policía Nacional del Perú (PNP) ha encendido las alarmas de la opinión pública, en medio de controversias sobre sus presuntos vínculos con el expresentador de televisión Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’. La resolución suprema N°160-2024-IN, que oficializa este nombramiento, lleva las firmas de la presidenta Dina Boluarte y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y fue publicada el 15 de noviembre, en paralelo a la realización del foro APEC.
Según un informe de Josué Chávez Cardoza para La República, Céspedes asumirá el cargo el 1 de enero de 2025, junto a otros oficiales promovidos en este proceso. No obstante, el pasado del general, que incluye un viaje a Panamá en 2022 junto a Óscar Arriola, auspiciado por la revista VIP Diplomática ligada a Hurtado, ha despertado serios cuestionamientos sobre la transparencia de los ascensos dentro de la PNP.
Vínculos entre la PNP y Andrés Hurtado: una relación bajo escrutinio
En julio de 2022, Carlos Céspedes Muñoz participó en un viaje a Panamá que, según reportes periodísticos, fue financiado por la revista VIP Diplomática, propiedad de Andrés Hurtado. Durante este evento, la publicación desempeñó un rol importante en la organización de actividades que buscaban fortalecer relaciones institucionales. Hurtado, actualmente en prisión preventiva por 36 meses por presuntos delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, utilizó esta plataforma para intentar acercarse a sectores de poder, como revela una investigación de Cuarto Poder.
Óscar Arriola, otro general involucrado en dicho viaje, negó haber asistido a Panamá por invitación de Hurtado, atribuyendo su presencia a la propia productora de la revista. Sin embargo, el papel de Hurtado como coanfitrión de estas actividades dejó en evidencia un vínculo estrecho con altos mandos policiales, un hecho que genera preocupación ahora que uno de los asistentes a ese evento ha sido promovido al más alto rango operativo de la PNP.
Ascensos en un contexto de cuestionamientos éticos
La designación de Céspedes no se da en un vacío. Desde la publicación de la resolución suprema, voces críticas han señalado que este ascenso pone en entredicho los criterios de meritocracia y transparencia dentro de la institución policial. Según el informe de Chávez Cardoza, la norma que regula los ascensos en la PNP establece criterios claros de evaluación; sin embargo, los antecedentes del general Céspedes, marcados por su participación en eventos vinculados a figuras procesadas por corrupción, han opacado su promoción.
La controversia se agrava en un contexto político complejo para el Gobierno de Dina Boluarte. Su administración ya enfrenta críticas por las decisiones tomadas en torno a altos mandos policiales, y este caso refuerza la percepción de una falta de supervisión adecuada en el proceso de ascensos.
El rol de ‘Chibolín’ y sus intentos de influir en el poder
Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, se encuentra actualmente recluido en el penal de Lurigancho bajo prisión preventiva, mientras enfrenta acusaciones de cohecho activo y tráfico de influencias. Según los informes, utilizó la revista VIP Diplomática como una herramienta para consolidar vínculos con altos funcionarios, incluyendo mandos policiales, con el aparente objetivo de ganar influencia y respaldo institucional.
El ascenso de Céspedes Muñoz, un oficial asociado a estos eventos, refuerza las preguntas sobre cómo las redes de poder y las conexiones personales pueden influir en decisiones administrativas dentro de la PNP. Este tipo de situaciones, según especialistas en ética pública, erosiona la confianza ciudadana en las instituciones policiales y gubernamentales.
Reacciones y futuro de la reforma policial
Diversos analistas y políticos han manifestado su preocupación por el impacto de este ascenso en la imagen institucional de la Policía Nacional. “El caso de Céspedes Muñoz evidencia la necesidad de revisar y fortalecer los criterios de selección y promoción en la PNP”, señaló el jurista Eduardo Herrera en un reciente foro sobre seguridad ciudadana.
Por otro lado, algunos congresistas han pedido explicaciones al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, para esclarecer los detalles del proceso de ascenso de Céspedes y otros oficiales. Esta situación podría escalar hasta convertirse en un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, en un año marcado por constantes tensiones políticas.
En paralelo, el caso de Hurtado sigue avanzando en los tribunales. El próximo 20 de noviembre se espera que un juez resuelva la situación legal de la fiscal Elizabeth Peralta, involucrada en este entramado. Las decisiones que se tomen en los próximos días podrían arrojar más luz sobre las conexiones entre los implicados y sus posibles consecuencias legales.
Conclusión: una oportunidad perdida para fortalecer la confianza pública
El ascenso de Carlos Céspedes Muñoz, en lugar de representar un paso hacia el fortalecimiento de la PNP, parece haberse convertido en un nuevo ejemplo de cómo las decisiones administrativas pueden estar influenciadas por factores externos y cuestionables. La asociación, directa o indirecta, de Céspedes con Andrés Hurtado no solo pone en entredicho la integridad del proceso, sino que también alimenta el escepticismo ciudadano hacia las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la justicia en el país.
Para el Gobierno de Dina Boluarte, esta polémica representa un reto crítico. A medida que la administración avanza hacia el cierre del año, tendrá que demostrar un compromiso más sólido con la transparencia y la rendición de cuentas, si quiere recuperar algo de la confianza pública que tanto necesita.
