El caso denominado “Los Galácticos del Fútbol” sigue generando controversia en el ámbito judicial y deportivo peruano. Este martes 19 de noviembre, la Quinta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional evaluó el recurso de apelación interpuesto por Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), y otros implicados, en un intento por revocar su detención preliminar. Paralelamente, la Fiscalía Provincial formalizó la investigación preparatoria y solicitó prisión preventiva para cinco de los involucrados, argumentando riesgos procesales y serios indicios de delitos como lavado de activos, organización criminal, coacción y defraudación a la persona jurídica.
La audiencia, marcada por intensos debates legales, se desarrolló en medio de crecientes tensiones. Según un informe de Alejandra López para La República, la Fiscalía sostiene que la red de corrupción liderada por Lozano y otros dirigentes habría operado con esquemas de defraudación financiera vinculados a la comercialización de derechos televisivos y otros contratos de la FPF. El caso pone en el ojo de la tormenta al máximo dirigente del fútbol peruano, cuestionando no solo su gestión, sino también la integridad del organismo que preside.
Los argumentos de la defensa y los hallazgos de la Fiscalía
Durante su intervención en la audiencia, Agustín Lozano negó categóricamente las imputaciones, calificándolas de injustas y afirmando que su colaboración con las autoridades había sido constante. “He sido el que más ha colaborado con el fiscal. ¿Por qué tanta maldad?”, declaró Lozano, enfatizando que las acusaciones carecen de fundamento. Sin embargo, la Fiscalía presentó elementos contundentes que contradicen estas declaraciones.
Según Jorge Chávez Cotrina, fiscal superior a cargo del caso, Lozano no cuenta con arraigo domiciliario ni laboral que garantice su permanencia en el país durante el proceso judicial. En una declaración que resonó en la sala, comparó el supuesto arraigo de Lozano en la FPF con el de un laboratorio de drogas para un narcotraficante. Este argumento, sumado a los indicios de peligro procesal, reforzó la solicitud de prisión preventiva para el dirigente y otros implicados.
Entre los delitos atribuidos a Lozano destacan el presunto lavado de activos y su rol en una organización criminal. Según el fiscal, existen pruebas suficientes para vincular al presidente de la FPF con una estructura que habría utilizado la federación como medio para canalizar recursos ilícitos. Entre las pruebas presentadas se encuentran testimonios de colaboradores eficaces, registros financieros y contratos sospechosos, incluyendo los acuerdos con 1190 Sports, empresa clave en el caso.
El contexto de las investigaciones: “Los Galácticos del Fútbol”
El caso “Los Galácticos del Fútbol” toma su nombre de la supuesta red de corrupción que, según la Fiscalía, operaba bajo la dirección de Lozano y otros altos funcionarios de la FPF. Las investigaciones se centran en contratos firmados por la federación que habrían favorecido intereses personales y empresariales, afectando la transparencia institucional.
Un punto clave es el contrato con 1190 Sports, empresa encargada de la comercialización de los derechos televisivos de la Liga 1. Lozano defendió este acuerdo, argumentando que los estatutos ya existían antes de su gestión. Sin embargo, la Fiscalía considera que el contrato fue parte de una estrategia para desviar fondos a través de comisiones ocultas.
Además, el fiscal Chávez Cotrina señaló que durante la pandemia de COVID-19, la FPF entregó dinero a dirigentes de clubes de la Liga 1, lo que podría ser otro indicio de mal manejo financiero. Estos hechos, sumados a las irregularidades en los procesos de contratación y manejo de recursos, fortalecen la hipótesis fiscal de una organización criminal operando desde el núcleo de la federación.
Defensas en jaque: ¿Colaboración o estrategia de dilación?
En la audiencia, la defensa de Lozano, encabezada por la abogada Giulliana Loza, presentó argumentos para anular la detención preliminar, alegando que el dirigente ha cumplido con todos los requerimientos judiciales en los últimos tres años. Además, sostuvo que la investigación se basa en supuestos y no en hechos concretos que justifiquen la medida de prisión preventiva. Sin embargo, estas alegaciones fueron cuestionadas por el colegiado, que consideró que subsisten riesgos procesales.
Por otro lado, la defensa de Sabrina Martin Zamalloa, exsecretaria general de la FPF, presentó nueva documentación para sustentar arraigos domiciliarios y laborales. No obstante, el fiscal Chávez Cotrina reiteró que las pruebas en su contra son sólidas, incluyendo registros financieros que vinculan su gestión con actividades ilícitas.
El papel de la Fiscalía y la controversia legal
La formalización de la investigación preparatoria marca un hito en el caso. Según la fiscalía, la medida de prisión preventiva es necesaria para evitar interferencias en el proceso, especialmente dado el poder y los recursos de los investigados. Este argumento cobra fuerza considerando las declaraciones del fiscal superior, quien indicó que la FPF habría financiado operaciones para beneficio de los implicados.
Además, el caso ha generado debate sobre la aplicación de normas internacionales, como la Convención de Palermo, que define los parámetros para investigar organizaciones criminales. Según el fiscal Chávez Cotrina, esta convención refuerza la tipificación de los delitos atribuidos a Lozano, desmontando las defensas basadas en vacíos legales o tecnicismos.
Implicaciones para el fútbol peruano y la institucionalidad
El impacto de este caso trasciende lo judicial, afectando la credibilidad del fútbol peruano y sus dirigentes. Agustín Lozano asumió la presidencia de la FPF en 2018, tras la polémica salida de Edwin Oviedo, también investigado por corrupción. Desde entonces, su gestión ha sido cuestionada por la falta de transparencia y la centralización de decisiones.
El escándalo pone en evidencia la necesidad de reformas profundas en la estructura de la FPF, incluyendo mecanismos de supervisión que garanticen la integridad de sus operaciones. Además, resalta la urgencia de separar el manejo deportivo del político, un problema recurrente en el fútbol peruano.
