La investigación sobre la presunta organización criminal conocida como Los Waykis en la Sombra, liderada supuestamente por Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta Dina Boluarte, ha revelado detalles alarmantes sobre prácticas ilícitas para manipular designaciones políticas. Según un informe de Martín Tumay Soto para Infobae, la red buscaba consolidar apoyo para el partido Ciudadanos por el Perú, a través de pagos y tráfico de influencias.
Origen de las investigaciones
El caso comenzó en mayo de 2024, cuando el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) detuvo preliminarmente a Nicanor Boluarte y otros presuntos integrantes de la red. Según la Fiscalía, esta organización criminal se dedicaba a influir en la designación de prefectos y subprefectos, utilizando estas posiciones estratégicas para favorecer al partido político.
El grupo habría exigido pagos para garantizar los nombramientos, afectando diversas regiones del país, como Cajamarca. Documentos fiscales señalan que Boluarte Zegarra lideraba esta estructura jerárquica, impartiendo directrices para el reclutamiento de afiliados.
Implicados clave
Entre los principales acusados destacan:
- Nicanor Boluarte: Hermano de la presidenta, señalado como líder de la organización.
- Mateo Castañeda: Exabogado de Dina Boluarte, acusado de ser el “brazo legal” de la red.
- Jorge Luis Ortiz Marreros: Exdirector general de Gobierno Interior, encargado de aprobar los nombramientos.
- Zenovia Griselda Herrera Vásquez: Responsable de proponer candidatos a cargos clave.
- Jorge y Noriel Chingay Salazar: Coordinadores en Cajamarca, vinculados a la exigencia de pagos.
Pruebas y testimonios
La Fiscalía ha presentado testimonios de testigos, entre ellos el exprefecto Armando Villalobos, quien declaró que Dina Boluarte y su hermano eran conocidos dentro de la organización como “La número 1” y “El número 2”. Villalobos aseguró que Nicanor coordinaba directamente las designaciones, mientras que la presidenta estaría al tanto de estas acciones.
Además, se han recabado pruebas como registros de reuniones, comunicaciones entre los implicados y declaraciones que confirman las operaciones de la red.
Acciones legales y postura presidencial
La Fiscalía acusa a Nicanor Boluarte de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho activo genérico, solicitando 36 meses de prisión preventiva para él y otros implicados. Sin embargo, Nicanor fue liberado bajo medidas restrictivas mientras avanza la investigación.
Por su parte, la presidenta Dina Boluarte ha defendido la independencia del sistema judicial y ha afirmado que no interferirá en el caso, incluso si involucra a un miembro de su familia. “Nadie está por encima de la ley”, declaró en julio de 2024, enfatizando su compromiso con la justicia y el debido proceso.
Impacto político y social
El caso ‘Los Waykis en la Sombra’ ha generado un fuerte impacto político, al poner en el foco a figuras cercanas al Ejecutivo. Este escándalo compromete la imagen del gobierno de Dina Boluarte y subraya la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de combatir la corrupción.
La Fiscalía ha destacado que estas redes representan una amenaza grave para la gobernabilidad y el estado de derecho. En un contexto de alta sensibilidad institucional, el desenlace de este proceso será crucial para determinar si el país avanza hacia una mayor transparencia o si persisten los vacíos que permiten la corrupción en el aparato estatal.
