Dina Boluarte, la presidenta más impopular de la historia reciente de Perú, enfrenta un enorme desafío en el escenario internacional. Con una aprobación que apenas alcanza el 4%, intenta proyectar una imagen de estabilidad y liderazgo durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2024. Sin embargo, las profundas divisiones internas, las protestas masivas y las acusaciones de corrupción han puesto en evidencia el abismo entre el discurso oficial y la realidad que vive el país.
Según el informe de Mariana Quilca Catacora para Infobae, mientras líderes mundiales son recibidos con condecoraciones y ceremonias fastuosas en Palacio de Gobierno, las calles de Lima se llenan de manifestantes que expresan su rechazo a una gestión marcada por el abandono, la represión y una aparente desconexión con las necesidades ciudadanas. Los carteles que portan los manifestantes no dejan lugar a dudas: “En Perú te matan por defender tus derechos” y “Boluarte no nos representa” son algunos de los mensajes que resuenan en medio de una capital resguardada por 33 mil policías bajo un estado de emergencia.
Un gobierno en crisis desde sus inicios
El mandato de Dina Boluarte comenzó en diciembre de 2022, tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, del cual fue vicepresidenta y ministra. Su llegada al poder fue percibida por muchos como un “accidente político”, lo que cimentó desde el principio un rechazo generalizado, especialmente en las regiones donde Castillo tenía una base de apoyo considerable. Las primeras semanas de su gobierno estuvieron marcadas por una dura represión a las protestas sociales, dejando un saldo de más de 50 fallecidos, lo que generó denuncias por violaciones a los derechos humanos y una creciente deslegitimación.
El rechazo no ha disminuido con el tiempo. Por el contrario, ha crecido alimentado por escándalos de corrupción, viajes al extranjero, ausencia en momentos clave por razones de salud y la complacencia hacia leyes que han sido criticadas por vulnerar la independencia de los poderes y los derechos humanos.
El caso más emblemático que enfrenta Boluarte es el de los relojes Rolex, que involucra al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, conocido como su “Wayki” o amigo cercano. Este escándalo, que llevó a un allanamiento de su vivienda y del Palacio de Gobierno, refleja la percepción de impunidad que envuelve a su administración. En respuesta a estas investigaciones, el operativo fue liderado por Harvey Colchado, un policía que ahora enfrenta un posible pase al retiro, en un movimiento que muchos consideran una represalia directa.
Protestas y represión: un país dividido
Mientras Boluarte se esfuerza por consolidar su imagen en el ámbito internacional, las protestas continúan tanto en Lima como en las regiones del interior del país. Las movilizaciones no solo expresan el descontento con la presidenta, sino también con el Congreso, que según una encuesta de Ipsos es considerado por el 64% de los peruanos como el verdadero centro del poder.
Las protestas más recientes se han dado en el marco del APEC 2024, un evento que, en teoría, debería ser una oportunidad para proyectar una imagen positiva del país. Sin embargo, las movilizaciones han sido inevitables, a pesar del estado de emergencia y de los miles de policías desplegados en la capital. Manifestantes intentaron llegar hasta la sede del evento en San Borja, enfrentándose a las fuerzas del orden en medio de carteles y cánticos que evidencian su descontento.
La situación en Lima es solo un reflejo de lo que ocurre en el resto del país. Regiones como Cusco, Arequipa, Junín y Puno han sido escenarios de bloqueos de carreteras y enfrentamientos con la Policía Nacional del Perú (PNP). En Arequipa, por ejemplo, se reportaron seis heridos por balas de goma durante un intento de bloqueo de una vía de acceso. Estas regiones han sido históricamente las más afectadas por la represión estatal, lo que ha exacerbado las tensiones y el resentimiento hacia el gobierno central.
La burbuja presidencial en medio del descontento
En contraste con la agitación social, las actividades oficiales de Boluarte durante el APEC 2024 han sido marcadas por una ostentosa parafernalia. Recibimientos con alfombras rojas, medallas de honor y ceremonias en Palacio de Gobierno buscan proyectar una imagen de estabilidad y liderazgo ante los medios internacionales. Sin embargo, esta narrativa choca frontalmente con la realidad que perciben los ciudadanos y con la imagen que los periodistas locales han transmitido.
La mandataria, que alguna vez respondía preguntas de la prensa al finalizar sus actividades oficiales, ahora evita cualquier interacción directa con los periodistas. Sus declaraciones, cada vez más esporádicas, se realizan en un ambiente controlado y con medidas de seguridad extremas, lo que refuerza la percepción de desconexión con la realidad del país.
Boluarte ha llegado al punto de calificar a los periodistas como “creadores de historias como Chucky y su novia”, en un intento por desacreditar las investigaciones y denuncias que han salido a la luz durante su mandato. Esta postura no solo ha deteriorado su relación con los medios, sino que también ha limitado el acceso a la información para la ciudadanía.
El Congreso como principal respaldo
Pese al descontento generalizado, Boluarte se mantiene en el cargo gracias al apoyo del Congreso, una institución que, aunque igualmente impopular, ha demostrado ser el principal sostén de su gobierno. Esta relación simbiótica entre el Ejecutivo y el Legislativo ha generado críticas por parte de analistas y ciudadanos, quienes señalan que el Congreso utiliza su poder para garantizar la continuidad de Boluarte, mientras la presidenta sirve como un escudo para evitar mayores cuestionamientos hacia los parlamentarios.
El control del Congreso sobre el Ejecutivo es una de las razones por las cuales la figura de Boluarte se percibe como débil y carente de autonomía. Esto no solo limita su capacidad de gobernar, sino que también agrava la crisis de legitimidad que enfrenta el sistema político peruano en su conjunto.
El impacto en la proyección internacional de Perú
El APEC 2024 debía ser una oportunidad para que Perú demostrara su capacidad de liderazgo en la región Asia-Pacífico, un foro que reúne a las economías más importantes del mundo. Sin embargo, las protestas y la inestabilidad interna han opacado este objetivo, dejando en evidencia las profundas fracturas sociales y políticas que atraviesa el país.
Para los líderes internacionales y los medios extranjeros que asisten al evento, resulta inevitable notar la contradicción entre el discurso oficial y la realidad que se vive en las calles. Esto no solo afecta la imagen de Boluarte, sino también la percepción de Perú como un país capaz de ofrecer estabilidad y confianza para la inversión y la cooperación internacional.
Conclusión
El mandato de Dina Boluarte se encuentra en una encrucijada. Mientras intenta consolidar su imagen en el ámbito internacional, enfrenta una crisis interna que no solo amenaza su continuidad en el poder, sino también la estabilidad del país. Las protestas, los escándalos de corrupción y el rechazo ciudadano son un recordatorio constante de que la legitimidad no se construye con ceremonias ni discursos, sino con acciones concretas que respondan a las necesidades de la población.
En el contexto del APEC 2024, el Perú no solo enfrenta el reto de proyectar una imagen positiva al mundo, sino también de reconciliarse consigo mismo. La pregunta que queda es si Boluarte será capaz de superar este desafío o si su mandato será recordado como uno de los más turbulentos y divisivos de la historia reciente del país.
