El Ministerio Público ha ratificado los cargos contra Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta peruana Dina Boluarte, a quien se le acusa de ser el presunto cabecilla de una organización criminal en el caso “Los Waykis de la Sombra”. Según la Fiscalía, Boluarte Zegarra habría utilizado su posición de influencia para orquestar la designación de prefectos y subprefectos en diversas regiones del país, con el propósito de facilitar la inscripción del partido político Ciudadanos Por el Perú (CPP). Durante la audiencia del pasado 12 de noviembre, el fiscal a cargo del caso solicitó 36 meses de prisión preventiva para Nicanor Boluarte y otros cinco investigados, argumentando la existencia de indicios que los vinculan con delitos contra la tranquilidad pública en agravio del Estado, como se señala en el informe de Josué Chávez Cardoza para La República.
La estrategia política detrás de las designaciones en prefecturas
La hipótesis de la Fiscalía sostiene que Nicanor Boluarte organizó reuniones en las que se discutieron y coordinaron nombramientos estratégicos en prefecturas y subprefecturas, cargos clave en el aparato estatal. Estas designaciones, de acuerdo con la Fiscalía, tenían como objetivo impulsar su partido político a nivel nacional. En la investigación se menciona que Boluarte mantuvo al menos cuatro reuniones con Jorge Chingay, quien sería una de las personas encargadas de materializar las designaciones, con la supervisión de Jorge Ortiz, entonces director general de Gobierno Interior del Ministerio del Interior.
Según el testimonio de Teodoro Berrú Zurita, testigo clave en la investigación, las reuniones no fueron encuentros convencionales, sino que Nicanor Boluarte impartió directrices específicas para designar a personas de confianza en estos cargos, lo cual facilitaba su afiliación al partido político. En palabras del fiscal durante la audiencia, “eran reuniones donde Nicanor Boluarte impartió las directrices a este grupo de confianza para que recluten a personas afines y llenen las fichas de afiliación de Ciudadanos Por el Perú”.
Conversaciones filtradas: influencia para colocar familiares en el sector público
Además de la designación de prefectos y subprefectos, Nicanor Boluarte también es investigado por presuntamente haber intervenido en la contratación de familiares y allegados en instituciones estatales a cambio de apoyo político en las elecciones generales de 2021. En audios difundidos en medios de comunicación, se escucha a Nicanor Boluarte sugiriendo posibles designaciones para su sobrina en el Ministerio de Educación (MINEDU), y también mencionando otras dependencias como el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y el Instituto Peruano del Deporte (IPD). Para la Fiscalía, estas conversaciones muestran un patrón de negociación incompatible en el que Boluarte Zegarra y otros implicados habrían intentado aprovechar su cercanía al poder para obtener beneficios personales y consolidar la red de apoyo para su partido.
Solicitud de prisión preventiva: justificación y otros implicados
La Fiscalía del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder ha argumentado que la prisión preventiva es una medida necesaria para evitar que los implicados obstruyan el proceso judicial o manipulen pruebas, debido a la alta influencia que ejercen en sus círculos. Junto a Nicanor Boluarte, también se han solicitado 36 meses de prisión preventiva para Jorge Luis Ortiz, Zenovia Herrera, Noriel Chingay, Jorge Chingay y Mateo Castañeda, quienes habrían colaborado en los supuestos actos delictivos que comprometen la legalidad de las contrataciones en los sectores mencionados.
El pedido de prisión preventiva por tres años se basa en la “sospecha grave” de que Boluarte y los otros involucrados tienen vínculos sólidos con actos de corrupción. La Fiscalía argumenta que estos actos no solo afectarían la imagen pública de las instituciones peruanas, sino que también representan una amenaza para la estabilidad del sistema político, al mostrar una posible red de tráfico de influencias dentro del aparato estatal.
Organización y presunta red criminal: ¿Cómo funcionaba “Los Waykis de la Sombra”?
Según la Fiscalía, “Los Waykis de la Sombra” es el nombre que se le ha otorgado a esta supuesta organización criminal liderada por Nicanor Boluarte. El objetivo de esta red sería utilizar la influencia política de Boluarte para establecer un control sobre cargos clave en el gobierno regional y nacional, con la finalidad de reforzar su proyecto político. La estructura de la organización, de acuerdo con las investigaciones, implicaba un flujo de órdenes en el que se daba prioridad a los intereses de la red antes que a los procesos institucionales de contratación pública.
Además de las reuniones y contactos directos que facilitaban las designaciones, la organización habría establecido conexiones estratégicas en diferentes sectores del Estado, particularmente en el Ministerio del Interior, el MIDIS, el IPD y el MINEDU. Esta estrategia le permitió a la red asegurar posiciones de poder en áreas con una importante incidencia política, donde las personas designadas serían leales al partido que Boluarte buscaba inscribir y expandir.
Implicaciones políticas y familiares para la presidenta Dina Boluarte
El caso de “Los Waykis de la Sombra” y la implicación de Nicanor Boluarte han colocado a la presidenta Dina Boluarte en una situación delicada. Si bien la mandataria ha negado cualquier vínculo con las acciones de su hermano, la situación genera interrogantes sobre el impacto que esta investigación podría tener en su gestión y en su imagen política. Los sectores de oposición y analistas políticos han mostrado su preocupación por la posibilidad de que las decisiones del Ejecutivo puedan verse influenciadas por redes familiares o intereses externos.
La presidenta Boluarte ha enfatizado en diversas ocasiones su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción, una postura que ahora está en entredicho debido a las acusaciones contra su hermano. La mandataria ha señalado que respetará el curso de la investigación y que no intervendrá en el proceso judicial; sin embargo, este escándalo amenaza con erosionar la percepción pública sobre su integridad y la de su administración.
Continuación de las investigaciones y posibles consecuencias
La Fiscalía continuará con la recolección de pruebas y la toma de testimonios para consolidar el caso contra Nicanor Boluarte y sus presuntos cómplices. En las próximas semanas se espera que se presenten más audios y documentos que podrían arrojar luz sobre el funcionamiento de “Los Waykis de la Sombra”. Asimismo, la Fiscalía ha indicado que evaluará la situación de otros funcionarios y allegados que podrían estar implicados en la red de designaciones y contrataciones bajo sospecha.
Este caso ha intensificado la presión sobre el sistema judicial peruano para que actúe de manera transparente y oportuna, ante un escenario en el que la ciudadanía demanda medidas contundentes contra la corrupción y el abuso de poder en el ámbito político. La decisión que tome el Poder Judicial en cuanto a la prisión preventiva de Nicanor Boluarte y otros involucrados será un indicador crucial del compromiso del país en el combate contra la corrupción.
