La Fiscalía de Crimen Organizado ha puesto bajo la lupa a la familia Raffo y a sus conexiones en un presunto esquema de corrupción vinculado a la cesión de derechos televisivos de la Liga 1, la competencia principal del fútbol peruano. Según un informe detallado de Doris Aguirre para La República, la trama involucra a Joel Raffo Olcese, presidente del club Sporting Cristal, quien, bajo la supervisión del presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, habría facilitado un millonario acuerdo con la empresa chilena 1190 Sports. Este contrato otorgaba a la firma la transmisión de los partidos de la Liga 1, sin haber pasado por un proceso de licitación formal.
La red de conexiones y el papel de los Raffo en la FPF
La investigación, liderada por el fiscal Juan Orihuela Legonia, ha revelado que Joel Raffo, como coordinador de la Comisión de Derecho de Televisión de la FPF, jugó un rol clave en la propuesta para que la empresa chilena Prisma, representada por Diego Delgado Raffo, fuera contratada para gestionar los derechos de transmisión televisiva. Delgado Raffo, primo de Joel Raffo, recomendó a su vez que se otorgara el contrato a la compañía 1190 Sports. Esta compañía, que luego estableció filiales en Lima, fue registrada en los meses de noviembre y diciembre de 2022 por otro miembro de la familia Raffo, Julio Gianella Raffo, quien figura como accionista mayoritario en ambas entidades.
A raíz de esta relación familiar, las autoridades sospechan de un posible fraude en la administración de personas jurídicas, corrupción en el ámbito privado y lavado de activos. La Fiscalía señala que, de acuerdo con las evidencias, tanto Joel Raffo Olcese, como Diego Delgado Raffo y Julio Gianella Raffo habrían actuado en complicidad, utilizando sus posiciones y conexiones familiares para concretar el millonario negocio con 1190 Sports.
Operativo de incautación y análisis de la Fiscalía
En septiembre de 2022, durante una reunión de la Junta Directiva de la FPF, Joel Raffo comunicó a los directivos la propuesta de 1190 Sports, promoviendo la cancelación de la licitación que inicialmente estaba en marcha para la cesión de los derechos televisivos. En su lugar, la FPF firmó directamente con 1190 Sports, hecho que despertó sospechas por la rapidez con que se efectuó el acuerdo. A los pocos días, Julio Gianella Raffo registró en Perú las filiales de 1190 Sports, una maniobra que ha sido cuestionada por la Fiscalía al considerarla una decisión pactada para facilitar el acuerdo sin competencia de otros posibles contratistas.
En cumplimiento de una orden judicial, agentes del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Greco) y de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) realizaron un operativo de incautación en diversas instalaciones vinculadas a la empresa chilena 1190 Sports. Los efectivos intervinieron en oficinas de San Isidro, Miraflores, Lince y Callao, donde recogieron documentos, archivos digitales y computadoras que podrían contener información relevante sobre la presunta red de corrupción.
Las compañías vinculadas y el papel de la empresa Prisma
Dentro del esquema, la empresa Prisma aparece como la intermediaria que presentó la propuesta de 1190 Sports a Agustín Lozano, presidente de la FPF. Representada por Diego Delgado Raffo, Prisma fue el puente entre la FPF y 1190 Sports, consolidando así el negocio de los derechos de transmisión de la Liga 1. Las investigaciones también han puesto en evidencia que Delgado Raffo y Joel Raffo Olcese tienen lazos familiares, lo que podría haber facilitado las negociaciones en favor de una sola empresa.
Además de 1190 Sports, las autoridades están investigando a otras empresas que habrían sido beneficiadas con contratos de la FPF. Entre ellas se encuentran Agrícola Pumayaca, Mercary, Valora Fútbol, Reinting Perú, Illaypa Tower–TCD Travel y Green Power. Según el informe de Aguirre para La República, estos contratos incluyen servicios de alojamiento, remodelación de instalaciones y adquisición de boletos, muchos de los cuales presentan sobrecostos o gastos que no están debidamente justificados.
Más irregularidades: inversiones en infraestructura deportiva
Una de las empresas investigadas, Agrícola Pumayaca, fue contratada por la FPF para la habilitación de canchas en la Videna de Chaclacayo y la remodelación del centro médico San Luis. Este proyecto, que inicialmente tenía una inversión de S/50 millones, fue posteriormente ampliado con un adicional de 1,2 millones de dólares sin justificación aparente. Los documentos de la FPF indican que la decisión de aumentar el presupuesto fue aprobada directamente por Agustín Lozano, sin un análisis detallado que respaldara la necesidad de ese gasto extra, lo que ha llamado la atención de la Fiscalía.
Asimismo, la empresa Mercary Viaje firmó contratos con la FPF por más de 187,000 dólares para servicios de hospedaje y pasajes, pero se ha cuestionado si estos servicios se ajustaron realmente al precio acordado. Al revisar estos acuerdos, la Fiscalía busca determinar si existió un esquema de favoritismo y si las empresas contratadas tienen vínculos con directivos de la FPF.
Contexto y repercusiones de la investigación
La situación actual expone las complejidades y riesgos de los acuerdos en la industria del fútbol, donde los derechos de transmisión televisiva representan un negocio millonario y muy codiciado. Este caso no solo ha atraído la atención por la implicación de la FPF, sino también por la relación directa que algunos de sus directivos tienen con las empresas contratadas. La Fiscalía señala que este tipo de manejos, de confirmarse, podrían constituir un claro caso de corrupción y lavado de activos en el ámbito privado.
Joel Raffo, quien desempeña un papel crucial en la FPF y es presidente del club Sporting Cristal, ha negado cualquier tipo de irregularidad y asegura que sus acciones se ajustan a los protocolos de la institución. La defensa de los Raffo insiste en que las acusaciones son infundadas y que los lazos familiares no son un factor relevante en la elección de las empresas. Sin embargo, la repetida presencia del apellido Raffo en el entramado de la FPF y 1190 Sports ha levantado sospechas y generado un intenso escrutinio sobre los contratos de la institución.
Próximos pasos de la Fiscalía en la investigación
La Fiscalía de Crimen Organizado continuará analizando los documentos y equipos incautados, y no descarta realizar nuevas diligencias para obtener más pruebas. Además, se espera que las investigaciones determinen si existen otros directivos de la FPF involucrados y si la red de presunta corrupción se extiende a otras áreas de la federación.
Este caso se suma a otros escándalos recientes en el fútbol peruano que han despertado la preocupación de la ciudadanía sobre la transparencia en el manejo de recursos en el ámbito deportivo. Con la difusión de los avances de la investigación, los seguidores del fútbol y la opinión pública esperan que se esclarezca la verdad y se establezcan responsabilidades para prevenir futuros actos de corrupción en la FPF.
