En una audiencia histórica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizada en Washington D.C., el juez peruano Oswaldo Ordóñez, miembro de la Federación Latinoamericana de Magistrados, denunció ante la comunidad internacional el debilitamiento sistemático del sistema judicial peruano. Ordóñez afirmó que el Congreso, controlado en gran medida por la alianza entre Fuerza Popular, Perú Libre, APP y otras bancadas, ha promulgado leyes que, en lugar de fortalecer la lucha contra la criminalidad, facilitan la impunidad y ponen en riesgo la seguridad pública.
En su intervención, Ordóñez acusó a la mayoría parlamentaria y al Poder Ejecutivo de actuar coordinadamente para aprobar proyectos de ley que atacan la independencia judicial y limitan las herramientas legales de fiscales y jueces para enfrentar el crimen organizado y la corrupción. “En mi país, la mayoría parlamentaria que controla el Congreso, en coordinación con el gobierno que representa el Poder Ejecutivo, sistemáticamente, viene desestabilizando el sistema de justicia”, afirmó el juez, subrayando que estos actos representan un grave atentado contra el Estado de derecho en Perú. Según un informe de Wilber Huacasi para La República.
Ataques contra el Ministerio Público y el Poder Judicial
Ordóñez también alertó sobre los ataques y la presión política que enfrentan el Ministerio Público y el Poder Judicial, entidades responsables de investigar y procesar casos de corrupción y crimen organizado en el país. Según Ordóñez, el Congreso ha impulsado reformas que debilitan la autonomía del sistema de justicia, y que favorecen a sectores implicados en redes de corrupción y delitos graves.
El juez denunció que se han aprobado modificaciones legales que limitan la capacidad de acción de jueces y fiscales, particularmente en casos sensibles que involucran a miembros del mismo Congreso. Según el magistrado, estas leyes están diseñadas para “manipular el sistema de justicia, maniatar a los jueces y fiscales y proteger a congresistas y líderes políticos en su lucha contra el crimen organizado”.
Leyes procriminalidad: el peligroso marco normativo que facilita la impunidad
En la audiencia, Ordóñez presentó un recuento de las leyes que considera procriminales y que, en su opinión, representan un claro retroceso en la lucha contra la criminalidad en el país. Entre las leyes señaladas se encuentran reformas que modifican los plazos de prescripción para delitos graves, recortan el tiempo de los procesos de colaboración eficaz e impiden la incautación de bienes provenientes de actividades ilícitas como la minería ilegal. Además, denunció que las nuevas normas eximen de responsabilidad penal a los partidos políticos, promueven la impunidad para terroristas y exmilitares y dificultan el proceso de allanamientos al exigir la presencia del abogado del investigado.
Este nuevo marco normativo, detalló el juez, “ha generado el crecimiento exponencial de la delincuencia e inseguridad, poniendo en grave riesgo a toda la población”. La promulgación de estas leyes, según Ordóñez, es una estrategia que apunta a obstaculizar la investigación y procesamiento de casos de corrupción y crimen organizado, afectando seriamente la justicia y la seguridad en el país.
Contexto y repercusiones de la audiencia en la CIDH
La intervención de Ordóñez se dio en el marco de la audiencia 191 de la CIDH, que abordó la “Situación de la independencia judicial en las Américas” y fue solicitada por diversas organizaciones de la sociedad civil, incluyendo el Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú. Esta audiencia ha sido calificada como un evento sin precedentes, pues por primera vez dos organizaciones internacionales de magistrados fueron invitadas a exponer en un foro de esta naturaleza.
Cruz Silva, abogada del IDL, destacó que la situación en Perú representa un grave caso de intervención política en el sistema judicial, y que la comunidad internacional debe actuar ante lo que describió como un “desmantelamiento” de la justicia en el país. Silva explicó que la audiencia busca no solo alertar a la comunidad internacional, sino también promover una mayor supervisión y presión para que el Estado peruano rectifique estas reformas que, en su opinión, atentan contra los principios democráticos y de justicia.
Opiniones y críticas desde el sector judicial y la sociedad civil
Diversos actores del sistema judicial y de la sociedad civil peruana respaldaron las denuncias de Ordóñez y Silva, y coincidieron en que las acciones del Congreso representan una amenaza para la independencia de las instituciones y la lucha contra el crimen. Abogados y especialistas en derechos humanos señalaron que el contexto político en Perú ha derivado en una serie de legislaciones que solo benefician a sectores con poder e influencia dentro del Congreso, mientras dejan a la ciudadanía expuesta a los efectos del crimen organizado y la corrupción.
En palabras de un representante de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, “este tipo de leyes han creado una estructura legal que privilegia a los infractores y a quienes tienen intereses creados dentro de las instituciones públicas, a expensas de la seguridad y la justicia para el pueblo peruano”. En este sentido, la denuncia ante la CIDH es vista como un llamado urgente para restaurar la integridad del sistema de justicia en el país y proteger la independencia judicial.
Consecuencias de las leyes procriminales para la seguridad y la democracia
El impacto de estas leyes procriminales ha sido devastador en términos de seguridad pública. Los índices de criminalidad en Perú han aumentado considerablemente, y la percepción de inseguridad se ha extendido entre la población, que ve cómo el Congreso promulga leyes que limitan las capacidades de las fuerzas de seguridad y justicia para enfrentar las redes criminales.
Además, el debilitamiento de las herramientas legales para combatir la corrupción y el crimen organizado podría tener efectos a largo plazo en la estabilidad democrática de Perú. Según el Instituto de Defensa Legal, la falta de independencia judicial y las reformas que favorecen la impunidad son una amenaza directa a los derechos humanos y al desarrollo del país.
La reacción de la comunidad internacional y los próximos pasos
La presentación de las denuncias en la CIDH marca un punto de inflexión en la presión internacional sobre el Estado peruano. La CIDH, tras esta audiencia, podría emitir recomendaciones específicas y establecer una mayor vigilancia sobre el cumplimiento de las normas de derechos humanos y el respeto a la independencia judicial en Perú. Los representantes de la Federación Latinoamericana de Magistrados y del IDL también han pedido que se refuercen los mecanismos de cooperación internacional para brindar apoyo técnico y logístico a las instituciones judiciales peruanas, en un esfuerzo por contrarrestar el efecto de las leyes que debilitan el sistema de justicia.
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos en el país han anunciado que continuarán con las denuncias y las campañas de información pública para sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto de estas reformas y la necesidad de un sistema de justicia verdaderamente independiente y libre de intereses políticos.
