En un giro más de la continua controversia política que sacude al Perú, el Congreso de la República ha decidido una vez más blindar a la presidenta Dina Boluarte, al bloquear la investigación de la Comisión de Fiscalización sobre el caso del ‘cofre presidencial’. Este hecho se produce en medio de una crisis política en la que se acusa al Ejecutivo de presunto encubrimiento a favor del prófugo Vladimir Cerrón, exgobernador regional de Junín y fundador de Perú Libre. Según el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, este blindaje refleja una alianza que califica como “infame” entre ciertos miembros del Congreso y el Palacio de Gobierno.
El Congreso aprobó con 23 votos a favor, 16 en contra y 45 abstenciones la decisión de no otorgar facultades investigadoras a la Comisión de Fiscalización, que encabezada por Burgos había solicitado investigar a la presidenta Boluarte en relación con el caso del ‘cofre presidencial’. Este suceso está vinculado con el traslado de la mandataria al condominio Mikonos, en el sur de Lima, el 24 de febrero, cuando, según el chofer del vehículo presidencial, Félix Montalvo, ella fue trasladada en un operativo relacionado con la captura de Cerrón. El testimonio del chofer se sumó a las sospechas de un presunto encubrimiento por parte del Gobierno hacia Cerrón, quien está vinculado a diversas investigaciones judiciales y se encuentra actualmente prófugo.
En respuesta a la decisión del Congreso, Juan Burgos no dudó en calificar de “congresistas lacayos” a aquellos que votaron en contra de la moción para investigar a la presidenta, acusándolos de formar parte de una red de complicidad entre el Legislativo y el Ejecutivo. En una declaración para Canal N, Burgos expresó su indignación, subrayando que el Poder Legislativo está siendo utilizado para proteger a la presidenta, un hecho que a su juicio no hace más que deslegitimar la función de fiscalización del Congreso. “Se verifica la alianza infame entre muchos miembros del Poder Legislativo y Palacio de Gobierno”, manifestó Burgos, quien aseguró que no se rendirá ante este obstáculo y continuará con las investigaciones.
La decisión del Congreso y la reacción de Burgos
La decisión tomada en el Congreso representa un importante revés para la Comisión de Fiscalización, que había solicitado ampliar sus facultades para investigar el caso relacionado con el ‘cofre presidencial’ y el traslado de la presidenta Boluarte en los días posteriores a la operación contra Vladimir Cerrón. Para Juan Burgos, la falta de apoyo por parte de muchos congresistas, en especial los que se abstuvieron o votaron en contra, ha dejado claro que existe una alianza política de facto entre el Congreso y el Gobierno, lo que complica aún más la labor de fiscalización.
En sus declaraciones, Burgos reiteró que no se rendirán ante el bloqueo y que procederán a presentar una reconsideración de la moción ante el Pleno del Congreso, con el objetivo de continuar con las investigaciones. “Vamos a seguir investigando y con más ganas todavía”, afirmó, en un intento por movilizar a las bancadas que se han mostrado indiferentes ante lo que él considera un acto de impunidad.
El presidente de la Comisión de Fiscalización también señaló que aquellos que votaron a favor del blindaje están deslegitimando al Congreso en su rol fiscalizador, y acusó a las bancadas que se abstuvieron de estar coludidas con el Gobierno. Según Burgos, la actitud de estas bancadas está debilitando la democracia, ya que el Congreso, en lugar de actuar con independencia y firmeza, está favoreciendo a la presidenta Boluarte al impedir una investigación completa sobre su accionar y el posible encubrimiento de Cerrón.
El vínculo entre el Congreso y el Gobierno: ¿Un pacto de impunidad?
La situación descrita por Burgos sugiere que hay una estrategia concertada entre ciertos sectores del Congreso y el Ejecutivo para evitar que se profundicen las investigaciones sobre el caso del ‘cofre presidencial’. Según el congresista, esta alianza tiene como objetivo proteger a Boluarte y, en especial, al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien es mencionado en los testimonios y sigue siendo una figura clave en la política peruana, a pesar de su fugacidad ante la justicia.
Para muchos en la oposición, el blindaje a la presidenta Boluarte no es una casualidad. Según sus declaraciones, la decisión de frenar las indagaciones responde a una conveniencia política de sectores del Congreso que prefieren proteger al Gobierno y evitar que las investigaciones lleguen a Cerrón, quien sigue siendo el referente principal de Perú Libre. La cercanía entre ciertos congresistas y la figura del presidente Pedro Castillo, cuya administración fue marcada por varios escándalos y enfrentamientos con la oposición, es también un punto de tensión que fortalece la idea de una “alianza infame” dentro del sistema político.
La pregunta que queda en el aire es si esta situación será sostenible en el tiempo. La opinión pública sigue de cerca el curso de las investigaciones, y si la percepción de un pacto de impunidad sigue creciendo, podría tener consecuencias en la legitimidad de las instituciones políticas del país, incluido el Congreso. Además, la ciudadanía podría percibir que el Legislativo, lejos de ser un órgano independiente y fiscalizador, se convierte en un actor cómplice en la protección de figuras cuestionadas por la justicia.
¿Quiénes fueron los congresistas que votaron en contra y se abstuvieron?
El resultado de la votación en el Congreso mostró una clara división en las bancadas. Un total de 23 congresistas votaron a favor de la moción presentada por la Comisión de Fiscalización, 16 en contra, y 45 se abstuvieron de tomar una decisión, lo que contribuyó a que la moción no fuera aprobada. Estos números reflejan la polarización interna dentro del Congreso, donde algunos sectores están claramente alineados con el Ejecutivo, mientras que otros se oponen abiertamente a la decisión de blindar a Boluarte.
En cuanto a los congresistas que votaron en contra y se abstuvieron, la mayoría pertenecen a bancadas que, según Burgos, han optado por alinearse con el Gobierno en lugar de ejercer su labor fiscalizadora. De acuerdo con el presidente de la Comisión, estas abstenciones y votos en contra corresponden a miembros de bancadas de izquierda que buscan proteger a Vladimir Cerrón y, por ende, a la presidenta Boluarte, ya que las investigaciones podrían afectar la imagen de su partido político y de los intereses de Cerrón, quien sigue siendo una figura influyente dentro de la agrupación.
