El ministro de Defensa, Walter Astudillo, compareció ante el Congreso el 30 de octubre para responder sobre la reciente adquisición de 24 aviones caza, una inversión de más de 3.500 millones de dólares que ha generado un amplio debate. Según informó La República, Astudillo solicitó una sesión privada en el Pleno para responder a algunas preguntas sobre esta compra, argumentando que ciertos detalles involucraban aspectos de seguridad nacional. Entre las preguntas de los congresistas figuraban aspectos técnicos de la compra y el criterio de prioridad ante otras necesidades del país.
Cuando el Pleno retomó la sesión pública, Astudillo negó los rumores sobre la adquisición de un nuevo avión presidencial y aclaró que su sector no tiene injerencia en la gestión de la seguridad ciudadana, un tema que también fue planteado en el Pleno. Este esclarecimiento se produjo tras críticas sobre la oportunidad y justificación del gasto en defensa, especialmente en medio de otras urgencias sociales.
Debate en el Congreso sobre la compra y el financiamiento
La compra de los aviones será financiada mediante endeudamiento interno dividido en dos fases: 2.000 millones de dólares se desembolsarán en 2025 y los 1.500 millones restantes en 2026. Astudillo defendió este plan de financiamiento como esencial para “fortalecer la capacidad de defensa nacional”, en un contexto de modernización de material militar.
Las reacciones en el Congreso fueron mixtas. Fernando Rospigliosi, representante de Fuerza Popular, respaldó la compra argumentando que “es necesario renovar el material obsoleto de las Fuerzas Armadas”. Según Rospigliosi, postergar estas compras afectaría la operatividad de la defensa nacional. En contraposición, Jaime Quito, de la Bancada Socialista, cuestionó la transparencia del proceso, asegurando que el tema no responde a razones de seguridad nacional, sino al interés económico en la adquisición.
Comparación con compra en Argentina genera cuestionamientos
El costo elevado de la compra peruana ha suscitado controversia al compararse con una operación similar realizada por Argentina, que adquirió 24 aviones F-16 Falcon a Dinamarca por 301,2 millones de dólares. El contraste de precios —a pesar de que ambos países adquirirán modelos y cantidades similares— ha llevado a críticos a cuestionar la justificación de los costos en el contrato del Perú. En la transacción argentina, Estados Unidos cubre una parte significativa de la primera cuota, mientras que el Perú financiará completamente la adquisición.
Astudillo se pronuncia sobre la libertad de expresión y la “desinformación”
En conferencia de prensa, el ministro Astudillo expresó su preocupación sobre el impacto de la libertad de expresión en el país, señalando que ciertos casos de desinformación han alcanzado “situaciones incontrolables”. Ante preguntas de un periodista de Perú 21, quien cuestionó la compra de supuestos 12 aviones, Astudillo corrigió que se trataba de 24 unidades y reiteró que los medios no siempre informan con precisión. En sus declaraciones, solicitó a la Fiscalía actuar contra la desinformación en casos que generen confusión entre la ciudadanía, insistiendo en la necesidad de transparencia y responsabilidad informativa.
Este tema de libertad de expresión, aunque periférico al debate sobre la compra de los aviones, abre una nueva discusión sobre los límites entre la crítica legítima y la posible desinformación en el contexto de temas estratégicos de defensa nacional.
