La reapertura del prostíbulo “Villa Cariño” en Huánuco ha puesto en evidencia las limitaciones de la autoridad municipal para hacer cumplir sus disposiciones. Según reportes locales, el establecimiento reinició sus actividades menos de 24 horas después de su clausura oficial.
De acuerdo a fuentes municipales, el local operaba sin contar con la documentación reglamentaria, incluyendo la licencia de funcionamiento y el certificado de Defensa Civil. A pesar de esto, los administradores decidieron reabrir sus puertas, desestimando la presencia de efectivos policiales y personal de serenazgo.
“La situación es insostenible”, manifestó uno de los vecinos del asentamiento humano Leoncio Prado, quien prefirió mantener su identidad en reserva. “Nos sentimos completamente desamparados por las autoridades”.
La Municipalidad de Huánuco señala que el local presenta “condiciones inhabitables que representan un riesgo para la seguridad de los asistentes”. Esta situación habría sido uno de los principales motivos para la orden de clausura definitiva.
La intervención se realizó bajo el amparo de la Ley N° 31914, normativa que establece parámetros más estrictos para la clausura de establecimientos comerciales en el territorio nacional. Sin embargo, la efectividad de esta legislación ha quedado en entredicho ante los acontecimientos recientes.
Los residentes de la zona se congregaron para expresar su rechazo a la reapertura del establecimiento. Ante esto, según testigos, la policía optó por solicitar la dispersión de los manifestantes en lugar de hacer efectiva la orden de clausura.
La situación actual refleja un precedente preocupante en cuanto a la capacidad de las autoridades locales para hacer cumplir sus disposiciones y mantener el orden en la jurisdicción.
