Martín Vizcarra, expresidente del Perú, enfrenta una acusación que podría significarle 15 años de prisión por presuntos delitos de cohecho relacionados con proyectos de obras públicas durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. Las acusaciones giran en torno a supuestos sobornos recibidos en las licitaciones de los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua, para los cuales el fiscal Germán Juárez ha solicitado una pena de 15 años, desglosada en 6 años por el caso Lomas de Ilo y 9 años por el de Moquegua. Según el informe del portal Infobae, bajo la autoría de María Alejandra Gonzales.
Al finalizar el primer día de juicio, Vizcarra declaró ante la prensa, resaltando que la acusación carece de bases y que no tiene intención de salir del país ni de evitar el proceso legal: “No me internaré en una clínica ni tampoco me voy a autoeliminar”, afirmó. Además, su defensa legal presentó un recurso de nulidad para el inicio del juicio, alegando irregularidades y falta de sustento en la acusación fiscal. La audiencia se desarrolla en la Sala 1 del edificio Carlos Zavala, presidida por la jueza Fernanda Ayasta, quien junto a los magistrados Lorena Sandoval y Giovanni Félix evaluará los argumentos presentados.
Denuncias de corrupción y vínculos con el “Club de la Construcción”
Los casos por los cuales Vizcarra enfrenta juicio se centran en los procesos de licitación de los proyectos de Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua, ambos adjudicados bajo su mandato como gobernador. Según las investigaciones, las obras estarían implicadas en sobornos gestionados a través de empresas privadas, en particular aquellas relacionadas con el “Club de la Construcción”. Los cargos se basan en testimonios de colaboradores eficaces, que han implicado tanto a Vizcarra como a otros funcionarios y empresarios en prácticas de colusión agravada, cohecho y asociación ilícita para delinquir.
Vizcarra, quien negó haber recibido sobornos, destacó en su defensa que “nunca he agarrado un centavo del Estado” y que siempre trabajó junto a autoridades regionales y locales. Sin embargo, los testigos y colaboradores eficaces N° 10-2018 y N° 1-2019 sugieren que se habrían realizado reuniones y acuerdos en beneficio de empresas específicas. El proceso judicial, que podría durar hasta cuatro meses, busca esclarecer la magnitud de estos señalamientos y su implicación directa en los delitos.
Recursos de nulidad y próximos pasos en el juicio
La defensa de Vizcarra sostiene que el proceso presenta violaciones al debido proceso y ha solicitado su anulación en una audiencia próxima. A pesar de los señalamientos, el expresidente subraya que se mantendrá a disposición de la justicia y que confía en que se esclarecerá su inocencia respecto a estos cargos.
