La reciente huelga nacional, que prometía ser un grito unificado contra la inacción del gobierno ante la creciente inseguridad y la extorsión, terminó siendo un ejemplo de desorganización y disparidad. Si bien en Lima los transportistas lograron una paralización significativa, en el resto del país, la respuesta fue más tímida y motivada por el temor a posibles saqueos y actos vandálicos. Lo que en principio debía ser una jornada de reclamo nacional, terminó siendo un “cierra puertas” en muchos sectores, más por el miedo que por la convicción.
Los transportistas en la capital, quienes se han convertido en las principales víctimas de extorsiones y asesinatos, fueron los principales organizadores de esta protesta. Su demanda, justa y urgente, exigía una acción contundente de las autoridades para frenar el fenómeno de la criminalidad que no deja de crecer. Sin embargo, fuera de Lima, la huelga fue fragmentada y las motivaciones variaron, desde la inseguridad hasta la frustración por la falta de cumplimiento de las promesas gubernamentales.
En algunas ciudades, como en nuestra localidad, el impacto fue limitado. Si bien algunos comercios y grandes cadenas cerraron sus puertas, como medida preventiva ante posibles disturbios, la sensación general fue de incomodidad, más que de adhesión a una causa común. En Lima, como siempre se dice, “es el Perú”, la huelga fue más visible y sirvió para exponer la ineficacia del gobierno, tanto a nivel nacional como local, para enfrentar la delincuencia. Los transportistas, junto a otros sectores, reclamaron la actuación del Poder Judicial y de la policía, quienes capturan a los delincuentes pero luego los ven salir en libertad, perpetuando un ciclo de impunidad que indigna a la ciudadanía.
La frustración no solo se dirige al Ejecutivo, sino también a los gobiernos regionales y municipales que prometen obras que nunca llegan a ejecutarse. Un ejemplo claro es lo sucedido en Tingo María, donde las promesas incumplidas provocaron la furia de la población, que expulsó con piedras al gobernador regional. Este sentimiento de descontento resuena a lo largo y ancho del país: promesas vacías, corrupción generalizada y una élite política más interesada en su propio beneficio que en el bienestar de sus electores.
A este escenario se suma la desconexión de los congresistas, quienes han demostrado estar más interesados en el beneficio personal que en trabajar por sus pueblos. La corrupción, que ha capturado las instituciones del país, ha sido un detonante para que el país se levantara y dijera “basta”.
