Los congresistas José Cueto, Fernando Rospigliosi y Alfredo Azurín han presentado una denuncia constitucional contra la Junta de Fiscales Supremos, compuesta por Juan Carlos Villena, Zoraida Ávalos, Pablo Sánchez y Delia Espinoza, por presunta infracción constitucional y abuso de autoridad. Esta acción surge tras la negativa de los fiscales a acatar una ley que devuelve las facultades de investigación a la Policía Nacional del Perú (PNP).
La denuncia, que ha sido ingresada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) presidida por María Acuña, sostiene que la publicación de un reglamento por parte de la Junta de Fiscales, contrario a la norma que restituye las facultades de investigación a la PNP, constituye un acto de prevaricato y falsedad genérica. Cueto, en un mensaje en sus redes sociales, enfatizó que “merecen sanción” los fiscales por no cumplir con la ley.
La indignación de los legisladores se desató luego de que el 14 de octubre el Ministerio Público anunciara la emisión de un reglamento para optimizar la actuación fiscal en coordinación con la PNP, justo después de la oficialización de la norma que devolvía la dirección de las investigaciones preliminares a la policía. Los congresistas consideran que este reglamento es una clara afrenta a la ley aprobada por ellos días antes.
La Fiscalía de la Nación, en su comunicado, aclaró que la norma que devuelve las investigaciones a la PNP enfrenta demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, lo que convierte al reglamento en una directiva temporal. Villena ha manifestado que esperarán el pronunciamiento del TC sobre la controversia legal. A su vez, expresó que el Ministerio Público, según la Constitución, debe ser el encargado de dirigir las investigaciones, y que la reciente norma podría tener efectos negativos en los procesos judiciales.
Expertos, como el exfiscal supremo Martín Salas, han advertido sobre los riesgos de permitir que la PNP conduzca las diligencias preliminares sin la presencia del Ministerio Público, lo que podría comprometer la legalidad y la eficacia de las investigaciones. Esta situación subraya la tensión entre las instituciones encargadas de la justicia y la seguridad en el país, reflejando una crisis de confianza que podría tener repercusiones en el sistema judicial. Según el informe de Mariana Quilca Catacora para Infobae.
