El congresista Esdras Medina Minaya, de Renovación Popular, ha presentado un proyecto de ley (PL 9271/2024-CR) que propone transformar cuarteles de las Fuerzas Armadas en establecimientos penitenciarios, una medida que ha desatado un debate intenso sobre la seguridad y la administración de justicia en Perú. La propuesta busca abordar el grave problema del hacinamiento en las cárceles peruanas y la creciente criminalidad, al permitir la reclusión de individuos condenados por delitos graves con penas superiores a 15 años, considerados de alto riesgo para la sociedad.
El proyecto de ley establece que los internos que cumplan con dos criterios específicos podrán ser trasladados a estas instalaciones militares: aquellos que enfrenten penas privativas de libertad que excedan los 15 años y que representen una amenaza significativa para la seguridad pública. Los delitos mencionados en la iniciativa incluyen homicidios agravados, terrorismo y secuestros, todos ellos calificados por su severidad y riesgo inherente.
El objetivo de esta propuesta es multifacético: no solo busca combatir la delincuencia, sino también mitigar el hacinamiento crónico en las prisiones, que se ha convertido en un problema urgente en el sistema penitenciario del país. En este contexto, el proyecto de ley estipula que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá presentar un informe semestral al Congreso sobre el estado del hacinamiento y los resultados derivados de la implementación de esta ley, así como autorizar a las Fuerzas Armadas, el MINJUS, el Poder Judicial y el Ministerio Público a llevar a cabo las acciones necesarias para su ejecución.
Sin embargo, esta propuesta no está exenta de controversia. Muchos críticos señalan que la militarización del sistema penitenciario podría infringir los derechos humanos de los internos y cuestionan la capacidad de las Fuerzas Armadas para manejar la rehabilitación de prisioneros. Además, la reciente encuesta de Datum revela un panorama alarmante sobre la percepción de seguridad en el país: el 75% de los encuestados considera que la delincuencia ha aumentado, mientras que un abrumador 87% se siente más inseguro en las calles. Esta situación se agrava por la falta de confianza en las fuerzas del orden; el 66% de los peruanos no confía en la Policía Nacional, el 55% en el serenazgo y el 43% en las Fuerzas Armadas.
Con el telón de fondo de un sistema de justicia cuestionado y una ciudadanía cada vez más desprotegida, la propuesta de Medina se convierte en un tema candente que exige un debate profundo sobre las mejores prácticas para garantizar la seguridad y los derechos humanos en Perú.
