En un reciente testimonio, Jaime Villanueva, exasesor del Ministerio Público, ha destapado una serie de reuniones secretas entre la presidenta Dina Boluarte y la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, que podrían haber comprometido la independencia del sistema judicial peruano. Según Villanueva, estas reuniones, que tuvieron lugar en privado en al menos cinco ocasiones, tenían como objetivo el intercambio de beneficios políticos y judiciales, sugiriendo una peligrosa confluencia de intereses entre dos figuras clave del gobierno.
La conexión entre Boluarte y Benavides se remonta a octubre de 2022, en un contexto crítico marcado por una investigación de lavado de activos que implicaba a Boluarte en el caso “Dinámicos del Centro”. Villanueva revela que, en un esfuerzo por proteger la posición de Boluarte en medio de un tumulto político, se buscó desdoblar la investigación y evitar cualquier medida de prisión preventiva que pudiera poner en peligro su ascenso al poder. En este escenario, se destaca la intervención de fiscales como Rafael Vela, quien, según Villanueva, actuó como un intermediario en esta trama.
El exasesor también expone cómo las reuniones entre Boluarte y Benavides no solo se centraron en la protección de la presidenta, sino que también involucraron discusiones sobre nombramientos estratégicos en el gobierno. Villanueva menciona que Boluarte autorizó el nombramiento de Tiberio Robles como director de Pronied y del coronel PNP José Alarcón como gerente general de Fovipol, en un aparente acuerdo de colaboración con la fiscalía. Este hecho refuerza la percepción de que la justicia puede estar sujeta a negociaciones y acuerdos en lugar de ser un mecanismo imparcial de salvaguarda de los derechos ciudadanos.
Además, Villanueva destaca un momento tenso en el que, tras la muerte de ciudadanos durante las protestas en Juliaca, la exfiscal Benavides abogó por la continuidad del general Raúl Alfaro, quien había sido considerado para ser dado de baja por su manejo de la situación. Este episodio revela no solo el grado de complicidad entre Boluarte y Benavides, sino también la inquietante intersección entre la política y la justicia en el país.
La declaración de Villanueva plantea serias preguntas sobre la integridad de las instituciones y la transparencia en el ejercicio del poder en el Perú. La sombra de la corrupción y la impunidad continúa asomando, lo que exige una respuesta contundente por parte de las autoridades y la sociedad civil. ¿Qué más secretos se ocultan tras las puertas del poder? Y, más importante aún, ¿qué acciones se tomarán para restablecer la confianza en el sistema judicial y político del país?
