El Congreso de la República del Perú aprobó un controvertido proyecto de ley que permite imponer penas de hasta cadena perpetua a menores de 16 y 17 años que cometan delitos graves, como sicariato, extorsión y secuestro. Esta iniciativa legislativa, impulsada por José Luna Gálvez de Podemos Perú, fue aprobada con 57 votos a favor, 30 en contra y 9 abstenciones en la sesión del Pleno del 17 de octubre.
El principal argumento de los proponentes es que el crimen organizado ha estado utilizando a menores de edad, aprovechándose de su inimputabilidad para ejecutar delitos graves. “No podemos taparnos los ojos ante la realidad. Los delincuentes más peligrosos usan a menores para cometer sicariato, secuestro y narcotráfico, y estos crímenes, junto con otros como feminicidio y violación sexual, merecen un tratamiento diferenciado”, afirmó Luna Gálvez, subrayando que la gravedad del delito será un criterio fundamental para imponer estas condenas.
Sin embargo, la propuesta ha generado un fuerte debate. Durante la sesión, el legislador de Perú Libre, José Balcázar, intentó frenar el avance del proyecto, apelando a las críticas de organizaciones como UNICEF, que se oponen a la imposición de penas tan severas a adolescentes. Propuso que el proyecto regrese a la Comisión de Justicia para una revisión más detallada, pero la cuestión previa no obtuvo el respaldo necesario.
En el debate, algunos legisladores defendieron la medida como un paso necesario para frenar el incremento de la delincuencia juvenil. Alejandro Muñante, de Renovación Popular, uno de los coautores del proyecto, criticó que actualmente los menores de 16 y 17 años que cometen estos delitos graves solo son sancionados como infractores de la ley penal, y señaló que terminan internados en centros juveniles como ‘Maranguita’, sin recibir un castigo proporcional al delito.
Por el contrario, otros parlamentarios mostraron su desacuerdo. Kelly Portalatino, de Perú Libre, argumentó que la falta de presencia del Estado en áreas clave como la educación y la salud mental es el verdadero problema. “Necesitamos fortalecer los centros comunitarios de salud mental y contar con más profesionales que puedan atender a los adolescentes”, afirmó. Guillermo Bermejo, de Juntos por el Perú, añadió que esta política de imputabilidad de menores no ha tenido éxito en otros países, como Estados Unidos, y no resolverá la criminalidad en el país.
El proyecto de ley deberá pasar por una segunda votación en el Pleno del Congreso antes de ser promulgado. Según portal Infobae, bajo la autoría de Ricardo Mc Cubbin.
