El conflicto entre la Dirección Regional de Salud (DIRESA) y la Beneficencia de Huánuco ha entrado en una fase crítica, pero finalmente parece haber una luz al final del túnel. Tras varios años de desencuentros y litigios, ambas instituciones han mostrado una nueva disposición para alcanzar un acuerdo que permita solucionar la deuda pendiente y evitar el desalojo de la DIRESA de su actual sede.
El director de la DIRESA, Gustavo Barrera Sulca, ha destacado los avances logrados en una reciente reunión con el gerente de la Beneficencia, Teófilo Huaynate. Las conversaciones giraron en torno a una posible conciliación que podría evitar la continuación de un proceso judicial que lleva años en curso. Barrera subrayó que, aunque en el pasado hubo intentos de llegar a acuerdos, estos no prosperaron debido a la falta de respuesta por parte de gestiones anteriores de la DIRESA.
Este problema, que involucra la deuda de la DIRESA con la Beneficencia, está vinculado a una cuestión histórica y simbólica: el terreno en disputa fue donado por la familia Figueroa a finales del siglo XIX con el fin de construir un hospital que sirviera a la comunidad de Huánuco. Sin embargo, con el tiempo, el hospital dejó de operar y el edificio se convirtió en oficinas administrativas.
El principal obstáculo ahora es la deuda acumulada por la DIRESA, cuyo monto exacto aún está por definirse. A pesar de esta incertidumbre, Barrera ha manifestado su voluntad de reconocer la deuda y negociar un plan de pago justo, acorde a las posibilidades económicas de la institución. Además, se ha considerado la opción de renovar un contrato de alquiler con la Beneficencia, lo que permitiría a la DIRESA continuar operando en el mismo lugar sin interrupciones y sin caer en un costoso proceso judicial.
La audiencia judicial programada para el 28 de octubre representa un punto de inflexión. Si no se logra un acuerdo antes de esa fecha, el litigio podría seguir su curso, con el riesgo latente de que la DIRESA sea desalojada, lo que generaría un caos administrativo en la región. Sin embargo, ambas partes han mostrado confianza en que una conciliación podría prevalecer, incluso si hay una sentencia adversa. Este optimismo, impulsado por el diálogo y la voluntad de encontrar soluciones prácticas, debe ser respaldado por las autoridades locales y el Poder Judicial.
