Un reciente reporte publicado por la revista Hildebrandt en sus trece reveló que 1.5 millones de soles transferidos desde la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (Devida) a la oficina de la presidenta Dina Boluarte han desaparecido sin dejar rastro. La transferencia fue solicitada en octubre de 2023 por el entonces jefe de Gabinete, Alberto Otárola, y autorizada bajo una normativa que permitía el intercambio de partidas presupuestarias entre instituciones, implementada durante la administración de Pedro Castillo.
El expremier Otárola argumentó que el dinero se destinaría a la asistencia técnica y administrativa de la presidenta para apoyar la “paz social, gobernabilidad, protección social y lucha contra la corrupción”. El monto, que ascendió a 1′528,000 soles, se justificó en un decreto supremo que mencionaba que sería utilizado para tareas regulares del despacho presidencial, como la gestión administrativa, asesoramiento técnico, difusión de imagen, relaciones institucionales, acciones ceremoniales y seguridad.
Según información publicada en Infobae bajo la autoría de Luis Paucar, esta transferencia ha suscitado serias dudas sobre su destino, especialmente porque la oficina presidencial ya contaba con un presupuesto de 38′773,773 soles para los mismos fines. Funcionarios consultados por el semanario, entre ellos un exasesor de Palacio de Gobierno y dos empleados de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), afirmaron no saber qué ocurrió con el dinero ni para qué fue utilizado.
Declaraciones de funcionarios y falta de transparencia
La exjefa del gabinete técnico de Palacio de Gobierno, Nelly Paredes del Castillo, quien estuvo en el cargo entre diciembre de 2023 y abril de 2024, también expresó desconocimiento sobre el paradero del dinero. “Nosotros no manejábamos presupuesto. Hacíamos temas de asesoramiento directamente a los gobiernos locales y regionales. Nunca me comentaron de esa partida”, aseguró. Por su parte, otro exconsejero comentó que los presidentes suelen tener asesores permanentes, y que la contratación de consultorías puntuales no es común ni debería pagarse, pues en muchos casos se realiza de manera pro bono.
La página de transparencia del despacho presidencial tampoco muestra registros claros sobre el uso de este monto para consultorías relacionadas con “paz social” o seguridad. Las únicas consultorías registradas en el último año suman poco más de 22,000 soles, lo que ha despertado mayores sospechas sobre la posible irregularidad en la gestión de estos fondos.
Respuesta de Palacio de Gobierno y antecedentes de los involucrados
Desde Palacio de Gobierno, se justificó que la transferencia de los fondos fue resultado de la práctica común de utilizar presupuestos sobrantes de otras instituciones, como en este caso Devida. Según explicaron, la medida sirvió para financiar políticas generales de gobierno, como el suministro de energía, agua, viáticos y comisiones de servicios. Sin embargo, la falta de claridad en la rendición de cuentas sigue siendo un punto de controversia.
El presidente ejecutivo de Devida, Carlos Figueroa, fue quien aprobó la medida. Figueroa asumió su cargo en enero de 2023, apenas un mes después de que Boluarte y Otárola tomaran el mando del Ejecutivo. Su vínculo con Otárola no es nuevo: entre 2014 y 2016, Figueroa fue asesor de Devida cuando Otárola dirigía la institución. Además, en 2021 y 2022, durante la gestión de Boluarte como ministra de Inclusión Social, Figueroa trabajó en el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes), lo que ha levantado sospechas sobre posibles conflictos de interés.
En otro frente, Otárola también enfrenta acusaciones de corrupción. En septiembre de 2023, la Fiscalía presentó una denuncia constitucional en su contra por presunta colusión en la contratación de Rosa Rivera Bermeo en Devida, un caso vinculado a la expareja de Otárola, Yaziré Pinedo, quienes obtuvieron puestos estatales tras reunirse con él, según reveló un informe de Panorama.
