El Ministerio de Justicia (Minjus) emitió un comunicado en el que calificó de inconstitucional la propuesta de Fuerza Popular de otorgar a las Fuerzas Armadas (FF. AA.) el control temporal de los penales en el país. Según el Minjus, esta medida es “inviable desde un aspecto legal y operativo”, ya que ni el Ejército ni la Policía Nacional del Perú (PNP) están capacitados para cumplir con los objetivos del sistema penitenciario, que incluyen la rehabilitación y reinserción social de los internos. Esta información fue proporcionada en un informe de Infobae escrito por Ricardo Mc Cubbin.
Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, había sugerido en un pronunciamiento que el Ejército debería asumir la administración exclusiva de los penales por 120 días, argumentando que un alto porcentaje de crímenes se planea desde las cárceles. No obstante, el Minjus, liderado por Eduardo Arana, desmintió esta afirmación, señalando que solo el 0.2% de las denuncias por extorsión en 2024 provienen de los penales, cifra similar al 0.1% registrado en 2023. Según los datos proporcionados por la PNP, se ha trasladado a 45 internos a establecimientos de mayor seguridad en los últimos dos años para reducir este problema.
El Minjus subrayó que ni los policías ni los militares están capacitados para manejar las tareas de resocialización y rehabilitación de los internos, que es el fin último del sistema penitenciario. Según el numeral 22 del artículo 139 de la Constitución, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) tiene la responsabilidad de administrar los penales y cuenta con personal especializado en seguridad penitenciaria, con formación permanente en derechos humanos y uso adecuado de la fuerza. Además, el INPE dispone del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), encargado de controlar situaciones de riesgo dentro de los penales, así como la conducción y traslado de internos.
El Minjus también recordó los eventos del penal El Sexto en 1984, cuando la Guardia Republicana fue sobrepasada por un grupo de delincuentes, poniendo en riesgo la seguridad nacional. Aseguraron que asignar el control de los penales a las FF. AA. o la PNP reviviría estos escenarios de inseguridad.
