Mientras la atención pública se centraba en el paro de 72 horas anunciado por algunas empresas de transporte debido a las extorsiones y el aumento de la inseguridad ciudadana, el Congreso de la República avanzaba con una polémica decisión que compromete la independencia de poderes. Durante la sesión del pleno del 9 de octubre, se aprobó, en primera votación, el dictamen de la Comisión de Constitución que modifica la Ley 31307, correspondiente al Nuevo Código Procesal Constitucional, según reporta Infobae en un artículo de la periodista Mariana Quilca Catacora.
Esta modificación fue celebrada por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi, quien desde su cuenta en X (anteriormente Twitter) afirmó que esta medida evitaría que jueces “politizados y prevaricadores” interfieran en las decisiones del Congreso. Según Rospigliosi, la iniciativa busca impedir que las decisiones del Legislativo en casos de juicio o antejuicio político puedan ser revocadas por el Poder Judicial, otorgando así al Congreso un poder casi absoluto.
Implicaciones políticas
La aprobación de este dictamen es preocupante, sobre todo considerando que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso mantiene procesos abiertos contra varias figuras políticas, entre ellas Jorge Luis Salas Arenas, Francisco Sagasti, Martín Vizcarra y Salvador del Solar, a quienes la mayoría parlamentaria considera como enemigos políticos.
Este no es el primer caso en que el Congreso impone sanciones politizadas. Un ejemplo reciente fue la inhabilitación por cinco años de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien había suspendido una investigación contra el expresidente Pedro Castillo. Otros casos emblemáticos incluyen la destitución de Aldo Vásquez e Inés Tello de la Junta Nacional de Justicia, tras una reconsideración que cambió el resultado inicial de la votación.
Actualmente, los magistrados destituidos han presentado demandas de amparo ante el Poder Judicial, algunas de las cuales han sido resueltas a su favor. Sin embargo, si la modificación del Código Procesal Constitucional es ratificada en una segunda votación, ningún funcionario podrá recurrir al Poder Judicial en caso de sentirse afectado por una decisión del Congreso, consolidando así un peligroso control político sobre las instituciones.
