Víctor Carlos Espinoza, exasesor del congresista Pasión Dávila Atanacio, miembro de la bancada Socialista, ha denunciado al parlamentario por solicitar parte de su salario a modo de “apoyo económico”. La denuncia fue revelada por el programa Panorama de Panamericana TV, y señala que Dávila habría solicitado un “bono mensual” de S/ 2.000, argumentando que enfrentaba “muchos gastos” en su labor parlamentaria. Según Espinoza, este dinero debía destinarse al despacho o al partido político del congresista.
En un informe de La República, escrito por María Alejandra Gonzales, se detalla que, al negarse a entregar dicho bono, Espinoza ofreció otro tipo de apoyo, como el uso de su propio vehículo y la cobertura de gastos de gasolina, alimentación y hospedaje durante las semanas de representación del congresista, lo que evitaba que Dávila desembolsara dinero. Además, el exasesor mencionó que Dávila justificaba su solicitud argumentando la necesidad de financiar la compra de bandas, buzos y regalos para centros educativos.
La denuncia también involucra a Diana Arancibia Cóndor, trabajadora del despacho de Dávila, quien presuntamente habría solicitado dinero a nombre del congresista. Espinoza mencionó que Arancibia experimentó un ascenso significativo en su posición dentro del Congreso, pasando de asistente con un salario de S/1.732 a técnico, con un salario de S/7.106, y desempeñaba un papel clave en la organización de las actividades del parlamentario.
Mochasueldos en el Congreso
El caso de Pasión Dávila se suma a una creciente lista de denuncias por prácticas ilícitas en el Congreso, conocidas como “mochasueldos”. Este término se refiere a la acción ilegal de recortar parte del salario de los trabajadores del Parlamento, un delito tipificado como concusión en el código penal peruano. Hasta la fecha, se han registrado 14 denuncias contra congresistas del período 2021-2026, lo que ha generado una gran controversia sobre la transparencia y la ética en la gestión de recursos públicos.
Los casos de mochasueldos han sido tratados de manera dispar por las instituciones encargadas de la fiscalización ética y judicial. Mientras que la Comisión de Ética del Congreso ha emitido sanciones leves o archivado varios casos, el Ministerio Público y el Poder Judicial han mostrado mayor interés en investigar estas denuncias. Entre los congresistas denunciados, la bancada de Alianza Para el Progreso encabeza la lista con seis casos, seguida por Acción Popular, con cuatro acusados.
El congresista Pasión Dávila, por su parte, ha rechazado enfáticamente las acusaciones, calificando el reportaje de Panorama como “tendencioso” y basado en “argumentos imaginarios”. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Dávila negó haber solicitado algún tipo de apoyo económico a sus trabajadores o ex trabajadores. Además, desmintió las afirmaciones sobre los gastos asumidos por Espinoza durante las semanas de representación.
Asimismo, Dávila respondió a las insinuaciones de un trato preferencial hacia una trabajadora de su despacho, con la que se le vinculó sentimentalmente. “Dicho personaje, con sus falsas afirmaciones, no hace más que poner en evidencia su baja calidad profesional y moral”, sostuvo el congresista en su comunicado, negando cualquier tipo de relación inapropiada o beneficios indebidos a sus colaboradores.
