La presidenta de Perú, Dina Boluarte, reconoció que el país enfrenta un contexto crítico debido a la creciente inseguridad y extorsión, tras declarar en estado de emergencia a 14 distritos de Lima y Callao. En la inauguración de la Central 111 contra extorsiones, Boluarte admitió que la delincuencia y el crimen organizado se han intensificado, marcando uno de los mayores desafíos de su gobierno.
“Es evidente que Perú, al igual que muchos países de la región y el mundo, atraviesa momentos complicados en lo que respecta a la extorsión y el crimen organizado. Sin embargo, hoy estamos tomando decisiones cruciales que exigen la unidad de todos los peruanos y el uso de todas las herramientas disponibles para combatir este flagelo”, expresó la mandataria durante la ceremonia.
Boluarte subrayó que las medidas anunciadas por su administración apuntan a reducir de manera significativa los índices delictivos. Entre estas, destacó la reciente declaración de emergencia como una respuesta directa al paro de transportistas, quienes reclamaban mayor seguridad debido al aumento de actos criminales en varias zonas del país.
“Vamos a encarcelar a los delincuentes. Nuestro compromiso es garantizar un entorno seguro para todos los peruanos”, afirmó Boluarte, al tiempo que anunció un incremento en la vigilancia fronteriza para evitar la entrada de criminales. Asimismo, enfatizó que su gobierno no promueve “falsas esperanzas ni compromisos vacíos” y que la extorsión “tiene los días contados”.
Central 111 contra extorsiones: Una nueva herramienta para combatir la delincuencia
La Central 111 es una línea gratuita y permanente diseñada para que los ciudadanos denuncien casos de extorsión, un delito que se ha extendido a sectores como el transporte, la construcción, tiendas, restaurantes y discotecas, entre otros. El servicio, gestionado por la División de Secuestros y Extorsión de la Policía Nacional del Perú (PNP), se implementa en colaboración con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y empresas operadoras de telecomunicaciones. Además de recibir denuncias, la central podrá grabar las llamadas para facilitar las investigaciones.
La extorsión, que se ha convertido en una amenaza latente en varios sectores, se manifiesta en la exigencia de grandes sumas de dinero a cambio de “protección”. Quienes se niegan a pagar son objeto de amenazas, incluso de muerte, por parte de los criminales.
