El secretario del gremio Transportes Unidos, Edgar Vitor, ha cuestionado la gestión del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, señalando que se enfoca más en proteger a los policías que en atender la creciente inseguridad que afecta a la ciudadanía. Según Vitor, la violencia y las extorsiones que viven los transportistas diariamente son un reflejo de la incapacidad del gobierno de Dina Boluarte para enfrentar el crimen organizado. “Nosotros transportamos entre mil y dos mil personas por viaje, y es evidente que esta problemática afecta también a los usuarios”, declaró en una entrevista con RPP.
Vitor expresó su preocupación por la falta de respuestas concretas por parte del gobierno, lamentando que, en lugar de centrarse en proteger a los ciudadanos, el ministro parece más interesado en defender a los efectivos policiales. “Presenta proyectos que dicen que hay que cuidar al policía sí o sí, pero ¿y a la ciudadanía quién la cuida?”, afirmó, refiriéndose a las iniciativas propuestas por el Ministerio del Interior.
Propuesta de Santiváñez: juzgamiento de policías y militares en fueros militares
El ministro Santiváñez ha propuesto que los efectivos de la Policía Nacional (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) que sean denunciados por el uso de armas de fuego en el cumplimiento de sus funciones sean juzgados en tribunales militares, y no civiles. Según explicó, estos actos están vinculados al ejercicio de sus responsabilidades, por lo que deben ser evaluados dentro de un contexto militar. Esta medida ha sido defendida por el ministro bajo el argumento de que estas acciones no deben ser vistas por juzgados civiles, ya que forman parte de la labor de defensa del orden público.
Sin embargo, esta propuesta ha generado controversia, especialmente en un contexto donde la percepción de inseguridad ciudadana sigue aumentando y el debate sobre la rendición de cuentas de las fuerzas del orden está en el centro del discurso público.
Transportistas anuncian paro si no se atienden sus demandas
El gremio de transportistas ha otorgado un plazo hasta el 3 de octubre al gobierno de Dina Boluarte para cumplir con sus demandas, entre ellas la derogación de la Ley 32108, que regula el crimen organizado. Edgar Vitor advirtió que, si no ven resultados concretos en cuanto a la protección de su sector ante la violencia y extorsiones, llevarán a cabo un paro nacional. A pesar de las conversaciones con el ministro del Interior, el gremio sigue esperando acciones claras que frenen la crisis de inseguridad que afecta tanto a transportistas como a usuarios del servicio.
Ley 32108: críticas a su impacto en la lucha contra el crimen organizado
La Ley 32108 ha sido duramente criticada por expertos que consideran que debilita la lucha contra el crimen organizado. Esta ley modifica la tipificación del delito de organización criminal y establece que los allanamientos judiciales deben realizarse con la presencia del investigado y sus abogados, lo que, según sus críticos, complica las investigaciones y frena la efectividad en la lucha contra las mafias criminales que operan en el país.
