El Poder Judicial ha dictado 18 meses de prisión preventiva contra el presentador de televisión Andrés Hurtado, más conocido como ‘Chibolín’, quien está siendo investigado por presuntos delitos de cohecho pasivo, corrupción y tráfico de influencias. Esta medida se toma tras varios días de incertidumbre, luego de que Hurtado fuera detenido de manera preliminar. El caso también involucra a la fiscal Elizabeth Peralta, quien ha recibido comparecencia con restricciones, y al empresario Javier Miu Lei, quien deberá pagar una caución de S/1 millón como parte del proceso judicial.
El juez Juan Carlos Checkley Soria tomó esta decisión tras una audiencia realizada el 1 de octubre, en la cual se escucharon los argumentos de los acusados y sus abogados. Durante la sesión, Hurtado solicitó enfrentar el proceso en libertad alegando responsabilidades como padre de una menor, pero el magistrado decidió dictar prisión preventiva por el riesgo de que el presentador pueda fugarse del país.
El abogado de Hurtado, Elio Riera, ha anunciado que presentará un recurso de apelación, afirmando que su cliente sufrió una descompensación al conocer la decisión del juez. “Presentaremos el recurso en el menor tiempo posible”, señaló Riera.
Los orígenes del caso de tráfico de influencias
El caso contra Andrés Hurtado se originó el pasado 4 de septiembre, cuando Ana Siucho, esposa del futbolista Edison Flores, lo acusó de haber utilizado sus contactos para ayudar a su hermano y primos en ciertos trámites. Según Siucho, Hurtado, a través de su relación con la exjefa de Migraciones Roxana del Águila, facilitó que Roberto Siucho renunciara a su nacionalidad peruana. Además, reveló que el presentador habría solicitado un millón de dólares a cambio de la devolución de un cargamento de oro incautado al empresario Javier Miu Lei.
Fuentes cercanas al caso mencionan que en algún momento Hurtado consideró convertirse en colaborador eficaz para evitar la cárcel, una posibilidad que finalmente fue descartada por su defensa legal. Ahora, Hurtado deberá permanecer en prisión mientras se desarrolla la investigación.
Comparecencia con restricciones para los otros implicados
Por otro lado, la fiscal Elizabeth Peralta y el empresario Javier Miu Lei, también involucrados en el caso, han recibido comparecencia con restricciones. Ambos están acusados de tráfico de influencias en relación con la devolución de cuatro lingotes de oro que fueron confiscados a la empresa de Miu Lei. Según la Fiscalía, estos lingotes habrían sido devueltos mediante el pago de sobornos, con la intermediación de Hurtado.
La resolución judicial establece que Peralta debe pagar una fianza de S/35.000, mientras que Miu Lei tiene un plazo de tres días para abonar S/1 millón como caución económica.
Allanamientos como parte de la investigación
El 24 de septiembre, el Poder Judicial autorizó el allanamiento de las propiedades de Andrés Hurtado, Elizabeth Peralta y Javier Miu Lei. Esta medida tuvo como objetivo incautar documentos y otros elementos que pudieran servir como pruebas en la investigación por lavado de activos, un delito que se suma a las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias. Las autoridades sospechan que los involucrados participaron en actividades ilícitas relacionadas con el manejo de dinero proveniente de actos corruptos.
Nuevas revelaciones sobre pagos para aparecer en televisión
Otro aspecto que ha salido a la luz es que Hurtado habría cobrado importantes sumas de dinero para que ciertos políticos participaran en su programa de televisión. La congresista Rosangella Barbarán, de la bancada de Fuerza Popular, denunció que se le solicitó un pago de mil dólares para aparecer en el espacio televisivo de Hurtado durante su campaña electoral. Al no pagar esa cantidad, fue retirada de la programación.
“Me invitaron a participar, pero el mismo día de la entrevista me dijeron que debía pagar mil dólares, lo cual me fue imposible”, declaró la congresista a la prensa.
