La presidenta de la República, Dina Boluarte, sufrió un nuevo revés legal luego de que el Poder Judicial rechazara su petición para cerrar la investigación que la Fiscalía le sigue por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, relacionado con el denominado caso “Rolex”. La defensa de Boluarte había argumentado un supuesto vencimiento del plazo para la investigación preliminar, pero el juez consideró que esta debía continuar.
En la resolución emitida, se declaró infundada la solicitud presentada por la defensa de la mandataria. “Se resuelve declarar infundada la solicitud de control de plazo formulada por la defensa de doña Dina Ercilia Boluarte Zegarra en la investigación preliminar seguida en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito y otro en agravio del Estado”, se lee en el documento judicial.
Según informó La República, en un artículo firmado por el periodista Miguel Ángel Candia, la investigación abarca presuntos actos cometidos por Boluarte tanto durante su gestión como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, como en su rol actual de presidenta. Se le investiga por el presunto enriquecimiento ilícito y la omisión de declarar ciertos bienes, en perjuicio del Estado. La Fiscalía había abierto las diligencias preliminares por un plazo de 60 días.
Ante esta situación, la defensa de la presidenta anunció que apelará la decisión ante la Sala Penal Permanente, presidida por el juez César San Martín. Este caso ya había generado una primera denuncia constitucional en mayo, cuando el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, acusó a Boluarte de cohecho pasivo impropio en el marco del “Rolexgate”, donde se expone la posesión de relojes de lujo no declarados por la mandataria.
Además, existe una segunda denuncia presentada en julio por la Fiscalía, acusando a Boluarte y a seis exministros por homicidio calificado y lesiones graves en relación con las muertes ocurridas durante las protestas en su contra a finales de 2022 e inicios de 2023. Esta denuncia se encuentra aún sin resolver en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
Próximamente, según informes del semanario Hildebrandt en sus trece, se espera que la Fiscalía presente una tercera denuncia constitucional contra Boluarte, esta vez por obstrucción a la justicia e instigación al encubrimiento personal, relacionada con la desactivación del Equipo Especial de la Policía en apoyo a la Fiscalía de Corrupción del Poder.
Boluarte recurre al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional para frenar investigaciones
A pesar de haber expresado públicamente su disposición a colaborar con las investigaciones en su contra, Dina Boluarte ha buscado bloquearlas tanto en el Poder Judicial como en el Tribunal Constitucional (TC). Actualmente, existen tres recursos presentados por la defensa de Boluarte ante el TC, con el objetivo de detener las investigaciones sobre las muertes en protestas, el caso “Rolex” y la desactivación del equipo especial de la Policía.
El 25 de julio, el procurador público especializado en materia constitucional, Luis Huerta Guerrero, presentó una demanda competencial ante el TC, argumentando que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial vulneran las competencias de la presidencia al iniciar investigaciones contra Boluarte mientras está en funciones. La defensa legal de Boluarte argumenta que la inmunidad presidencial establecida en el artículo 117 de la Constitución la protege de ser investigada mientras ejerce el cargo.
En mayo, el Consejo de Ministros ya había respaldado una demanda similar contra las investigaciones, denunciando un “menoscabo” en las funciones presidenciales. El Gobierno sostiene que el Ministerio Público carece de competencia para continuar las investigaciones preliminares y que el Poder Judicial tampoco tiene autoridad para autorizar allanamientos y registros relacionados con la presidenta, como el que se llevó a cabo en su residencia en Surquillo.
Finalmente, tras los allanamientos en su domicilio, el abogado Marco Riveros presentó un habeas corpus para anular estas acciones, aunque la presidenta posteriormente negó haberlo autorizado. En su lugar, acreditó a los juristas Domingo García Belaunde y Ernesto Blume como sus defensores ante el Tribunal Constitucional.
