El gobierno boliviano emitió un comunicado denunciando que el expresidente Evo Morales amenaza con “interrumpir la continuidad del orden democrático” tras su ultimátum al presidente Luis Arce. Morales, en un mitin en La Paz, dio 24 horas a Arce para cambiar a sus ministros “si quiere seguir gobernando”, refiriéndose a los miembros del gabinete como “narcos y corruptos”.
La Cancillería, liderada por Celinda Sosa, advirtió que estas acciones buscan desestabilizar al gobierno legítimamente elegido. Morales había encabezado una marcha de siete días desde Oruro hasta La Paz, criticando duramente la gestión de Arce y exigiendo cambios inmediatos en el gobierno. Aunque Arce convocó al diálogo en varias ocasiones, Morales rechazó participar, aumentando las tensiones políticas en el país.
El gobierno de Arce, por su parte, reafirmó su compromiso con la democracia y rechazó cualquier tipo de “extorsión” en contra de la voluntad popular expresada en las elecciones. La Cancillería acusa a Morales de utilizar la movilización para preparar su candidatura a las elecciones de 2025 y generar caos con el fin de desestabilizar al actual gobierno.
