El Ministerio Público ha presentado una acusación directa contra Mateo Castañeda, exabogado de la presidenta Dina Boluarte, y su representante legal, Eduardo Barriga, por presunto delito contra la administración pública en la modalidad de revelación indebida de identidad. La Fiscalía pide una condena de cuatro años de prisión para ambos juristas por haber divulgado la identidad de un testigo protegido en el caso “Waykis en la sombra”, una investigación sobre presuntas irregularidades en la designación de prefectos y subprefectos, vinculada al tráfico de influencias y liderada presuntamente por Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria.
El incidente que motivó la acusación ocurrió durante una entrevista televisiva emitida el 30 de junio, en la cual se reveló la identidad de un testigo clave en la investigación. Según la Fiscalía, esta acción no solo puso en peligro la vida del testigo, sino que también comprometió el curso de las investigaciones llevadas a cabo por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), dirigido por la fiscal anticorrupción Marita Barreto.
Acusaciones y procedimientos legales
La Fiscalía Penal del Distrito de Lima Centro solicitó en julio la apertura de una investigación formal contra Castañeda y Barriga, además de remitir copias del caso al Colegio de Abogados de Lima, señalando que ambos abogados habrían infringido deberes éticos y vulnerado los principios del ejercicio profesional. El Eficcop sostiene que los letrados utilizaron su relación con el testigo para presionarlo a revelar su identidad, aprovechando su desconocimiento del proceso legal y su temor de quedarse sin defensa legal.
La acusación fiscal subraya que Mateo Castañeda no ejercía en ningún momento la defensa del testigo, identificado como el Testigo Protegido N.º 08-2024. Asimismo, recalca que Castañeda es uno de los principales investigados en el caso, lo que agrava su situación.
Contexto del caso “Waykis en la sombra”
El caso “Waykis en la sombra” involucra a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, y a Mateo Castañeda, quienes están bajo investigación por su posible participación en la designación de prefectos y subprefectos con el objetivo de fortalecer el partido político Ciudadanos por el Perú. En agosto, la Fiscalía solicitó una medida de prisión preventiva por 36 meses para ambos, aunque fueron liberados después de siete días al no existir riesgo de fuga ni de obstrucción del proceso.
Según las investigaciones, Nicanor Boluarte lideraría esta presunta red criminal que habría instrumentalizado estructuras del Estado para beneficio de su agrupación política. Sin embargo, durante las audiencias, Nicanor negó los cargos, alegando que su actividad económica es legal y que tiene arraigo familiar, lo que sustentaría su libertad.
Recientemente, el caso cobró notoriedad tras el secuestro de Iván Siucho, un testigo clave en la investigación, por parte de un grupo que incluía a dos policías. Si bien el secuestro duró solo una hora, el Ministerio del Interior afirmó que no guarda relación con la investigación del caso “Waykis”.
