Horas antes de una sesión crucial de la Comisión de Fiscalización del Congreso, el Ejecutivo aprobó una resolución que restringe el acceso a información relacionada con el uso del vehículo presidencial, conocido como el “cofre”, que presuntamente facilitó la fuga de Vladimir Cerrón. La resolución, emitida el 17 de septiembre, clasifica como “secreto” el plan de seguridad de la presidenta Dina Boluarte y los anexos que contienen detalles sobre el desplazamiento de este vehículo.
Esta decisión impide que el grupo de trabajo liderado por Juan Burgos acceda a los datos solicitados a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, necesarios para continuar con la investigación sobre el rol del auto en la fuga del líder de Perú Libre. La resolución N° 000042-2024-DP/SG otorga a la Casa Militar de Palacio de Gobierno la facultad de no proporcionar esta información.
Protección del “cofre” presidencial y cuestionamientos
El vehículo presidencial, apodado “cofre”, fue detectado cruzando el peaje de Ica el 27 de febrero, un hecho confirmado por la empresa CoviPerú. Este vehículo fue vinculado a la fuga de Vladimir Cerrón, quien habría sido trasladado en él hacia Pisco, según audios entregados por el capitán PNP Junior Izquierdo, alias ‘Culebra’, al Ministerio Público. Estos registros, que implican al ministro del Interior Juan José Santiváñez, sugieren que el gobierno de Boluarte facilitó la huida de Cerrón a través de un auto presidencial que “no podía ser detenido por la policía”.
El informe de la empresa CoviPerú muestra que el vehículo cruzó el peaje de Ica, respaldado por una factura emitida a nombre del despacho presidencial. Sin embargo, la clasificación de “secreto” otorgada por el gobierno bloquea el acceso a detalles sobre el recorrido completo del auto y otros informes relacionados.
Audios reveladores y el aumento de sospechas
Las grabaciones proporcionadas por Izquierdo señalan que Santiváñez discutió el uso del “cofre” para que la policía no detuviera a Cerrón. A pesar de que el ministro del Interior ha negado la veracidad de estos audios, la Fiscalía los ha validado mediante pericias forenses. Además, en los audios se menciona que el vehículo fue visto en una estación de servicio Primax, ya después de haber dejado a Cerrón en Pisco.
La Comisión de Fiscalización ha solicitado facultades investigadoras al Congreso por 120 días para profundizar en la presunta participación del gobierno en la fuga de Cerrón. Ante la falta de explicaciones claras por parte del Ejecutivo, se ha incrementado la recompensa por información sobre el paradero de Cerrón a medio millón de soles.
Críticas a la restricción de información
Diversos sectores han criticado la decisión de clasificar como secreta la información sobre el vehículo presidencial. La resolución establece que solo si la Comisión de Fiscalización del Congreso obtiene facultades de comisión investigadora, se le permitirá acceder a la información reservada. Este bloqueo ha generado preocupaciones sobre la falta de transparencia del gobierno en un caso que involucra presunta corrupción y encubrimiento.
El hecho de que se haya impuesto esta restricción justo antes de una sesión importante de la Comisión de Fiscalización levanta sospechas sobre un posible intento de obstaculizar las investigaciones, mientras continúan las dudas sobre el papel del Ejecutivo en la fuga de Vladimir Cerrón.
