El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFFICOP) del Ministerio Público ha ampliado la investigación preliminar contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. El funcionario enfrenta acusaciones por presuntos delitos de cohecho activo genérico, encubrimiento real y tráfico de influencias en agravio del Estado. Esta investigación se encuentra a cargo del fiscal provincial Carlos Ordaya López.
La ampliación de la investigación fue anunciada el miércoles 18 de septiembre a través de la red social X, donde se señaló que los cargos corresponden a presuntas irregularidades cometidas durante su etapa como viceministro y jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior. Se le acusa de haber intentado obstaculizar una investigación relacionada con Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte.
Implicaciones de los audios filtrados del capitán ‘Culebra’
Además de las acusaciones anteriores, Santiváñez también enfrenta una investigación vinculada a una conversación grabada por el capitán de la PNP, conocido como ‘Culebra’. Este material, entregado a la Fiscalía, ha sido considerado una prueba clave en las investigaciones sobre tráfico de influencias y corrupción. En el audio, Santiváñez supuestamente discutía acciones que podrían comprometer su papel en el Ministerio del Interior.
La existencia de esta grabación, que ha sido verificada mediante pericia forense, aumenta la presión sobre Santiváñez, complicando aún más su situación legal.
Amenazas a periodistas y preocupación por la libertad de prensa
Otro de los escándalos que rodea al ministro del Interior está relacionado con mensajes intimidatorios que envió a un periodista en un chat privado. En estos mensajes, Santiváñez amenazó con tomar acciones legales si se publicaba información que, según él, lo difamaba. El periodista había estado investigando su desempeño como ministro, lo que provocó la respuesta agresiva de Santiváñez.
Este comportamiento ha generado preocupación en diversos sectores, incluidos círculos periodísticos y defensores de derechos humanos, quienes consideran que estas amenazas son un intento de intimidar a la prensa y limitar su labor fiscalizadora. Organizaciones de periodistas expresaron su rechazo, afirmando que estas acciones atentan contra la libertad de prensa, un pilar fundamental en cualquier democracia. Subrayaron que el periodismo tiene un rol crucial en la transparencia y la rendición de cuentas.
Las investigaciones en curso, tanto por presuntos actos de corrupción como por los intentos de silenciar a la prensa, han colocado a Santiváñez en el centro de un creciente escándalo que podría tener consecuencias legales y políticas de gran alcance.
